MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, recibió este jueves “todo el apoyo” de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), que aglutina a 44 organizaciones independientes de 31 países, por las sanciones que ha impuesto a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea y que dijo esperar que sean “firmes lo antes posible”.
Así lo precisó en declaraciones a los medios de comunicación previas a la inauguración de la reunión ejecutiva de dicha organización, en las que quiso “agradecer de forma especial” el “apoyo explícito” que dichas entidades han “brindado a las actuaciones del Ministerio de Consumo y del Gobierno de España”.
“Cuando sancionamos a las aerolíneas, pero también en otras actuaciones en materia de vivienda, de comercio electrónico, con grandes plataformas, con gigantes digitales, hemos recibido ataques y ofensas graves y, en ocasiones, hay actores muy poderosos que han intentado transmitir la imagen de que estábamos solos”, subrayó.
Por este motivo juzgó “tan importante” este “frente común para decir algo muy sencillo”, como es que los derechos de los consumidores “deben ser protegidos por las instituciones” y que “no se pueden proteger los intereses económicos de las grandes multinacionales por delante de los derechos e intereses de la ciudadanía y de los consumidores”.
“Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España y eso es lo que queremos que hagan los gobiernos a nivel europeo y también la Comisión Europea”, abundó, al tiempo que explicó que en la reunión se preveía “intercambiar toda la información que sea necesaria” y que su gabinete se iba a “poner a disposición” de este “gran movimiento europeo” que, dijo, “trabaja de manera incansable” para que la ley “sea transparente”, para que se “escuche la voz de los consumidores” y para “cambiar el paradigma de las relaciones de consumo”.
Todo ello, con el fin de que “primen los intereses y derechos de los consumidores frente a las prácticas abusivas y a los modelos de negocio que pretenden lucrarse y obtener beneficios a costa de la violación de esos derechos”.
PROFUNDO ORGULLO
Tras puntualizar que “eso es lo que mueve al Gobierno de España”, admitió que es “un motivo de profundo orgullo” que España “hoy sea un referente y un ejemplo” para la “acción” de organizaciones y de gobiernos “en todo el continente” con el “objetivo” de “defender los derechos de los consumidores y asegurar que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la ley”.
En este sentido, avanzó que, a lo largo del encuentro, se iba a “hablar del estado de la cuestión” en torno a las denuncias presentadas y las que “se puedan presentar” a nivel europeo sobre “prácticas abusivas de grandes multinacionales, especialmente en el ámbito del transporte aéreo y de las compañías low cost”, que, dijo, “cada vez” son “más”.
“España no está sola, España es la primera y, por tanto, corresponde también a la labor de este ministerio impulsar que lo que hacemos en defensa de los derechos de los consumidores españoles se replique en cuantos más sitios mejor y, sobre todo, que avance la agenda de derechos del consumidor y la protección de sus derechos a escala europea también”, añadió, convencido de que los derechos de los consumidores “son derechos sociales y un pilar de la democracia” y de que “también hay que construir una agenda de protección de los derechos de los consumidores a nivel europeo”.
SANCIONES
Preguntado por las sanciones impuestas por su gabinete a varias aerolíneas lowcost, que han recurrido dicha multa en los tribunales, Bustinduy señaló que “se están siguiendo los tiempos y los procedimientos habituales en este caso” y detalló que, en dicho procedimiento, el Gobierno “va a defender” que su departamento ha “actuado con todo rigor y con un respeto escrupuloso de la legislación española y europea”.
El titular de Consumo expresó su “confianza” en que estas sanciones “sean firmes lo antes posible” y recordó que “son de una importante cuantía”, de 179 millones de euros, pero también “incluyen la prohibición de continuar incurriendo en este tipo de prácticas” como seguir cobrando por la maleta de mano, a padres y madres por sentarse al lado de sus hijos o a personas en situación de dependencia por sentarse al lado de la persona que les presta apoyo, entre otras “prácticas abusivas”.
“Se están siguiendo los tiempos habituales previstos por el ordenamiento en el recurso que han presentado y confiamos en que lo antes posible estas sanciones sean firmes y que esas prácticas abusivas sean erradicadas de los modelos de negocio de estas compañías”, agregó, al tiempo que animó a los pasajeros afectados a “recurrir” a las organizaciones de consumidores para recibir asesoramiento y poder reclamar ante los tribunales “el derecho de compensación y que se les reintegren esas cantidades”.
En este punto, hizo hincapié en que ya hay “decenas” de sentencias en tribunales de toda España que han concluido “lo mismo que el ministerio”, esto es, “que estas prácticas son abusivas e ilegales” y que “han obligado a las compañías a devolverle el dinero a las personas afectadas”.
DERECHOS VIOLENTADOS
“A todo ciudadano que vea que sus derechos son violentados en este ámbito, como en cualquier otro, yo les animo especialmente a que lo denuncien ante las autoridades de consumo autonómicas, que acudan a las organizaciones de consumidores, que hacen una labor esencial de información y asesoría, y que hagan valer sus derechos”, apostilló, convencido de que “hay que decir basta” ante la “impunidad” con la que, a su juicio, “grandes multinacionales y grandes compañías se han estado lucrando, haciendo que sus modelos de negocio pasen por encima de la ley”.
A este respecto, reivindicó que dichas empresas “tienen que adaptarse y adaptar sus modelos de negocios a lo que dice la ley sobre los derechos de los consumidores y usuarios y no al revés”.
50 ANIVERSARIO DE OCU
Por lo que se refiere al 50 aniversario de la OCU, Bustinduy defendió que las organizaciones de consumidores y usuarios “juegan un papel esencial y fundamental en nuestras democracias”, razón por la cual, afirmó, su cartera “no solo celebra este aniversario, sino que apoya decididamente la labor de todas las organizaciones de consumidores en nuestro país”, convencido de que “es lo que permite que los consumidores y la ciudadanía no se sientan desvalidos” ante el “inmenso poder” que, según su punto de vista, “atesoran las grandes multinacionales y las grandes compañías”.
Por su parte, la directora de comunicación y relaciones institucionales de OCU, Ilena Izverniceanu, quiso “agradecer” la “valentía” que, a su entender, está demostrando Bustinduy “en la lucha contra los grandes” y valoró que España “está liderando la batalla contra esas cláusulas abusivas que todos, como pasajeros, hemos sufrido en alguna ocasión”, al tiempo que criticó los “ataques absolutamente rechazables y deleznables” que ha recibido el ministro por parte del CEO de Ryanair, Michael O’Leary.
BEUC
Por último, el director general del BEUC, Agustín Reyna, quiso ofrecer todo el “apoyo” de la organización al Gobierno español e indicó que su sanción “ha generado una conversación sumamente importante a nivel europeo”, convencido de que “muy pronto” en “distintos países” se van a llevar a cabo “nuevas acciones” que espera que sean “apoyadas” por la Comisión Europea con el fin de que “todos los consumidores puedan beneficiarse de estas protecciones”.
Según informó el ministerio, además, en la reunión de la ejecutiva de BEUC se discutió acerca de los planes de acción de la organización en relación a la nueva Agenda Europea del Consumidor 2025-2030, uno de los “principales retos” que, según la propia entidad, debe afrontar la Comisión Europea en su nueva legislatura.
Entre ellos, destaca la necesidad de aumentar la seguridad de los consumidores en sus actividades online, donde, según datos de la propia Comisión Europea, el 45% de los consumidores ha sido víctima de estafas en Internet, y donde una parte importante de la ciudadanía sufre prácticas desleales como reseñas falsas y descuentos engañosos. “También, ha señalado el BEUC, se debe garantizar la aplicación y el cumplimiento de la legislación europea, incluyendo la imposición de sanciones a las empresas que no respetan los derechos de los consumidores”, según explicitó el gabinete de Bustinduy.
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