MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió este jueves en un extenso hilo publicado en sus redes sociales la articulación de una prestación por crianza “incluso para quien no la necesita” y calculó su coste en unos 8.300 millones de euros.
Según precisaron a Servimedia fuentes de su gabinete, dicho cálculo es “aproximado” y está basado en los datos que proporciona la Agencia Tributaria respecto al coste anual de las deducciones de maternidad.
En concreto, el departamento de Bustinduy ha realizado una simulación tomando como referencia una prestación de 200 euros “para todos los rangos etarios hasta los 18 años” y sustrayendo a dichos costes lo que ya se invierte en estas partidas, resultando esos 8.300 millones, cuantía que representa, según dichas fuentes, “un poco más de la mitad de lo que deberíamos gastar para ponernos al nivel de la media europea en gastos en familia”, que serían unos 14.000 millones, esto es el 1% del PIB.
En su hilo, el ministro reivindicó que dicha prestación por crianza debe ser universal, “incluso para quien no la necesita”, porque, a su juicio, “no se trata solo de ayudar a familias vulnerables, sino de hacerlo conquistando derechos universales de ciudadanía, financiados con impuestos a quienes más tienen”.
Para justificar su posición, aportó “tres razones”, la primera de las cuales es que una prestación universal “exige justicia fiscal”.
NO ES UNA AYUDA, ES UN DERECHO UNIVERSAL
Tras reconocer que el CEO de una multinacional “no necesita una ayuda”, advirtió de que “esto no es una ayuda; es un derecho universal”. “Recibe 200 euros por hijo, pero contribuye a pagar lo de los demás con impuestos sobre su renta y su patrimonio”, abundó.
En paralelo, indicó que la medida se podría financiar “incrementando” los tipos efectivos de Sociedades, el IRPF a rentas mayores de 120.000 euros, con un tributo “unificado” a “grandes herencias” y “limitando” exenciones al arrendamiento de viviendas y al IVA de universidades privadas.
“Las familias ricas recibirían lo mismo que todas las demás, pero estarían financiando las prestaciones del resto tributando de forma justa, en función de lo que poseen, por eso esta propuesta reduce la desigualdad”, arguyó.
En respuesta a quienes estiman que “es más fácil que la reciba directamente solo quien la necesita”, consideró que, en ese caso, “muchos no acceden a ella” por problemas de “burocracia, falta de información o estigmatización”.
RAZONES QUE DIFICULTAN EL ACCESO
“Hay razones que dificultan el acceso a las personas vulnerables, como muestran los estudios”, aseveró, al tiempo que recordó que las familias de rentas medias y altas ya reciben deducciones fiscales por hijo, “los mínimos por descendientes y la deducción por maternidad”. “Quien no presenta la declaración de la renta, por no tener ingresos laborales, no las recibe, precisamente las rentas más bajas”, deslizó.
En este punto, planteó que una prestación universal “elimina estos costes, dificultades y efectos regresivos”. “Llega inmediatamente a todo el mundo, sin estigma; no depende de que te vaya mal, no es caridad y es un derecho como la sanidad, la educación o las pensiones, financiado por los que tienen más”, sentenció.
Junto a ello, hizo hincapié en que una prestación universal “es un derecho social” y subrayó que, “históricamente”, la “asistencia social” se ha “reservado” para quien “quedaba fuera del empleo”. “De ahí la convicción liberal de que hay que demostrar ser pobre para merecerla; también la presunción de fraude y culpabilidad”, apostilló.
“Contra esa lógica, la política social debe ser universal. Ante retos como la revolución tecnológica o la crisis climática, lo público debe garantizar condiciones de bienestar para toda la sociedad, independientemente de la coyuntura, financiadas con redistribución fiscal”, resolvió.
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