MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido “amplios consensos” a los grupos parlamentarios para conseguir “el mejor resultado” durante la tramitación del anteproyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad, aprobado este martes en Consejo de Ministros.
“Creo que compartimos un objetivo que no puede ser otro que el de reforzar el Estado del Bienestar y garantizar que la protección universal llegue también al ámbito de los cuidados, lo que requiere amplios consensos políticos. Y tiendo la mano a todos los grupos parlamentarios para que se impliquen en la tramitación de esta norma y consigamos el mejor resultado posible”, ha subrayado Bustinduy.
Así se ha pronunciado este martes el ministro en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora de EH Bildu Olaia Duarte López que le ha preguntado sobre si el Gobierno ha considerado dentro de las reformas planteadas de la Ley de Dependencia, una redefinición de la prestación económica vinculada al servicio, “de cara a evitar que sea utilizada de forma continuada como un sustitutivo a la creación de plazas públicas de atención y cuidado”.
La diputada de EH Bildu ha señalado que casi 20 años después de que entrara en vigor la ley de dependencia de 2006, cuya reforma ha sido aprobada este martes por el Gobierno, les “preocupa” la “deriva del sistema de atención a la dependencia y la dirección de las prestaciones recogidas en la ley, con una tendencia a reproducir la asunción de los cuidados en el hogar en situación de precariedad y a la privatización de los centros residenciales”.
En concreto, ha advertido de que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar –que otorga a las familias una cuantía económica mensual para ayudar a pagar una plaza privada en una residencia, a la espera de la concesión de la plaza pública–, “que iba a tener un carácter periférico en el sistema, se ha vuelto protagónica”.
“En el conjunto de las Administraciones, además, se ha optado por una interpretación restrictiva de la prestación que permite contratar un asistente personal externo a la familia, y se ha tendido a utilizar la prestación económica vinculada al servicio como sustituto de la creación de plazas públicas”, ha lamentado, añadiendo que este “cheque servicio” no cubre “ni de lejos” los costes de los servicios de centros privados.
Por ello, ha pedido aprovechar la reforma de la ley para “vetar el ánimo de lucro” en este sector. “Este modelo nos resulta inimaginable en otras esferas del Estado de Bienestar. ¿O acaso aceptaríamos que el derecho a la sanidad pública está garantizado cobrando un cheque para pagarse una operación en un centro privado?”, ha planteado.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales ha defendido que de lo que se trata con esta reforma es de “blindar un sistema público de cuidados para las próximas generaciones” y de hacer “todo lo contrario de lo que hicieron quienes desmantelaron en los años de la austeridad el sistema de la dependencia” con “5.406 millones de euros en recortes”.
7.291 MAYORES FALLECIDOS EN PANDEMIA EN MADRID
“Se trata de hacer todo lo contrario de quienes insisten en construir macro residencias contra todos los consensos y todos los estándares recomendados, mientras a la vez consienten que se sirva comida en mal estado a las personas que viven en residencias a su cargo o se siguen negando a que se investigue lo que pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Meses investigando la licencia de un software, pero el derecho a saber de 7.291 familias, eso no hay que investigarlo, ¿verdad?”, ha denunciado el ministro.
Así, ha pedido “que nunca más los cuidados sean moneda de cambio para los recortes ni objeto de maltrato por ninguna administración pública”.
Además, ha aclarado que la reforma incluye la incorporación de nuevos servicios a la cartera, como es el servicio de la asistencia personal o la provisión de productos de apoyo. “Y lo hacemos porque defendemos un sistema en el que los poderes públicos provean de servicios y de soluciones a la ciudadanía y no simplemente les ofrezcan dinero”, ha subrayado Bustinduy.
En este sentido, el ministro entiende en que este es “un punto de encuentro” y se ha mostrado convencido de que “a lo largo de la tramitación” de esta norma tendrán ocasión de “debatir sobre esta y otras medidas”.
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