MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha hecho un llamamiento a las empresas para que cumplan con las regulaciones ambientales y ofrezcan “información veraz con la que puedan avalar que realmente están comprometidas con los objetivos climáticos”.
Así lo ha solicitado este jueves en el seno de la Unión Europea, en Bruselas, donde ha presentado la ‘Guía de Comunicación Sostenible’ que puso en marcha su departamento y que está dirigida a empresas, bajo el título ‘Cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas’. En el acto han participado también la directora general de Política del Consumidor de la Comisión Europea, Isabelle Pérignon, y el director general de la Organización Europea de Consumidores, Agustín Reyna.
Bustinduy ha señalado que, según establece la normativa vigente, una empresa que haga afirmaciones medioambientales no verificadas estaría incurriendo en prácticas desleales ya que supondrían una información engañosa para los consumidores, “y esto les impide evaluar si el producto o el servicio que están comprando es realmente sostenible con el medio ambiente”.
“Tenemos que luchar de forma más decidida contra el ecopostureo y esta guía es una buena herramienta para hacerlo, no solo en España, también en toda Europa”, ha defendido el ministro Bustinduy, quien ha dicho que el derecho a un consumo sostenible “es fundamental”.
Según ha informado Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la guía consta de 60 páginas que han sido traducidas al inglés y en las que se ofrece información sobre cómo identificar el greenwashing o ecopostureo que llevan a cabo algunas empresas, es decir, promocionar sus productos o sus servicios como respetuosos con el medio ambiente sin que haya una evidencia científica que lo avale.
En la presentación ha participado el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, quien ha puesto en valor que el documento recoge información sobre la legislación que hay sobre el greenwashing. Si una empresa presenta alegaciones medioambientales no verificables, ha explicado, esto podría considerarse una práctica desleal que infringe el artículo 47.1.m de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y acarrear sanciones de hasta 100.000 euros, que podrían sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Barragán ha detallado que la guía ofrece, además, información de próximos cambios legislativos, tanto desde el Gobierno español como desde Bruselas, y ha señalado dos proyectos normativos de la Unión Europea que, en España, se traspondrán a través de la futura Ley de Consumo Sostenible: la Directiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2024, por la que se modifican las Directivas 2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información; y una propuesta de Directiva relativa a la justificación y comunicación de alegaciones medioambientales explícitas (‘Green Claims’).
Sobre la futura Ley de Consumo Sostenible, el ministro Bustinduy ha trasladado “el gran impacto positivo que tendrá a nivel ambiental, social y económico” y ha manifestado que va a favorecer “la transición verde y un entorno de confianza para consumir”. Asimismo, ha recalcado que la ley garantizará que todas las personas puedan acceder a productos sostenibles “sin depender de los ingresos que tenga cada una” y que este derecho sólo podrá hacerse realidad si tanto las empresas como las administraciones públicas demuestran su compromiso.
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