MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
EL ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, hizo un llamamiento este jueves a todos los grupos políticos para que las reformas de las leyes de discapacidad y de dependencia “salgan adelante con un consenso importante”, similar al que obtuvo la modificación del artículo 49 de la Constitución. Asegurar la asistencia personal, agilizar los reconocimientos automáticos entre las situaciones de discapacidad y dependencia y reducir las listas de espera para la valoración figuran entre sus principales objetivos.
Ante la comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Senado, Bustinduy explicó que las reformas de ambas leyes, que “llegarán al Consejo de Ministros durante el presente curso político”, buscan de hecho “aterrizar el nuevo mandato de la Constitución”, que emplaza a los poderes públicos a “promover la inclusión del colectivo desde una perspectiva de derechos humanos”.
Afirmó que es “voluntad del Ministerio conseguir un amplio consenso” en este punto, y destacó el diálogo con las comunidades autónomas y los representantes del movimiento asociativo.
“Nuestro deseo es que salga adelante cuanto antes y con el mayor acuerdo posible”, recalcó el ministro.
Entre las novedades que traerán dichas normas, el ministro subrayó la inclusión de la figura del asistente personal en el catálogo de servicios, no sólo como una prestación económica. “Eso va a marcar un antes y un después”, dijo en respuesta a la senadora del PNV Nerea Ahedo, quien le preguntó sobre su regulación.
Otro punto reseñable que implican ambas reformas tiene que ver con el reconocimiento automático del 33% de discapacidad con la certificación de la situación de dependencia. Esta demanda, que las asociaciones del sector defienden desde hace años, fue planteada en el debate por el senador socialista Víctor González.
Bustinduy aseguró que las modificaciones normativas previstas buscan evitar estas “duplicidades”, para lo que avanzan en ese sistema de pasarelas y reconocimientos automáticos a partir de determinados umbrales. El objetivo es que nadie “deba esperar más de tres meses para obtener la valoración”.
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En el ámbito de la justicia, el ministro indicó que se trabaja en “una propuesta curricular para la formación de facilitadores procesales”, a fin de que las personas con discapacidad intelectual puedan comprender qué les está diciendo el juez.
Se trata de una figura de “extraordinaria importancia” de cara a garantizar el pleno ejercicio de su capacidad jurídica, afirmó.
El ministro pretende también que España sea uno de los primeros países que trasponga la directiva europea sobre tarjetas de discapacidad y de aparcamiento, y apuntó que la nueva ley de discapacidad contendrá un registro estatal de los certificados de estacionamiento.
Además, se comprometió a que el nuevo Plan Estatal de Vivienda “pivote sobre la accesibilidad universal”, mediante una reforma del código técnico de la edificación, y a reformar la Ley de Propiedad Horizontal para ofrecer más seguridad a aquellos propietarios que precisen hacer obras de accesibilidad.
En cuanto al Ingreso Mínimo Vital (IMV), señaló que su departamento impulsa un estudio sobre el impacto de los diferentes sistemas de rentas mínimas en las personas con discapacidad y se fijó el objetivo de que todo el proceso para solicitar esta ayuda resulte accesible desde un punto de vista cognitivo.
Tras escuchar a los senadores, el ministro aseguró que “toma nota” de la falta de accesibilidad en los trenes de País Vasco y sobre los problemas que los nuevos datáfonos digitales suponen para las personas ciegas.
Por otro lado, el ministro recordó su plan para fomentar el acceso a la cultura de las personas con discapacidad, como asistentes y como creadores, y el impulso de una macroencuesta sobre las distintas violencias que sufren niñas y mujeres con discapacidad.
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