MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, dijo este jueves que espera retomar “de forma inminente” los trabajos para la aprobación del real decreto para fomentar una alimentación saludable y sostenible en los comedores escolares con el fin de “asegurar que todos los niños en España tienen acceso a una alimentación saludable, equilibrada y nutritiva”.
Así lo avanzó durante su intervención en la inauguración del acto por el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, que se celebra en la sede del Centro Nacional de Alimentación (CNA) y en el que, a su juicio, se abordarán “cuestiones interesantísimas y clave” como el concepto de ‘one health’ o la “relación entre alimentación, desigualdad y salud”.
Tras puntualizar que dicho centro, adscrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) y que conmemora su 50 aniversario, es “un laboratorio puntero” cuya labor de investigación y de control oficial “presta un servicio público esencial en el ámbito de la seguridad alimentaria”, Bustinduy se mostró convencido de que “no hay, no puede haber seguridad alimentaria si las personas carecen de acceso físico, social o económico a una alimentación nutritiva que permita llevar una vida activa y sana”.
“Este es el vínculo que existe entre la seguridad alimentaria, entre el consumo y entre los derechos sociales”, abundó, para aseverar que dicho vínculo, que está “en el origen, en la matriz del planteamiento” del ministerio, “apunta una cuestión democrática esencial”, razón por la cual defendió que la “acción” de la Aesan es “indispensable y destaca muy claramente entre las líneas de trabajo” de su gabinete.
Para Bustinduy, “no es una coincidencia que España y Europa puedan presumir de los mayores niveles de seguridad alimentaria del mundo”, sabedor de que “esa conquista es el resultado de un gran esfuerzo de todos los actores implicados”.
“Desde el sector agroalimentario, que se responsabiliza de que los alimentos que llegan al mercado sean seguros, hasta la administración pública que vela por articular la normativa necesaria en aquellos aspectos de la alimentación que afectan a nuestra seguridad”, explicó, al tiempo que también quiso “destacar” la labor de los inspectores que realizan “todos los controles pertinentes” y de la red de alertas que, tanto a nivel nacional como europeo, “trabaja 24 horas al día 365 días al año” para “identificar y retirar” los productos que “no cumplan con los niveles de seguridad exigidos”.
ENTORNOS SEGUROS
En este sentido, agregó que, “en breve”, se aprobará el real decreto relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados sobre la cadena agroalimentaria y otras operaciones relacionadas con el fin de “poder actualizar nuestra normativa europea y nacional”, consciente de que “la labor que tiene la administración pública es crear entornos seguros para los ciudadanos”.
“Desde una perspectiva democrática, es y debe ser una tarea esencial de nuestro trabajo garantizar el derecho a la salud, especialmente para quienes son más vulnerables”, apostilló, para manifestar que ese “esfuerzo, que requiere de coherencia y de sistematicidad”, es también “el espíritu que inspira” el otro real decreto que su departamento ha “retomado” y en el que está “trabajando”, como es el de la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables dirigida al público infantil, bloqueado en la pasada legislatura por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En este contexto, a la “espera de nuevos datos”, recordó que, en España, “dos de cada cinco niños y niñas tienen exceso de peso y existe un perfil socioeconómico típico de las familias a las que pertenecen”. “No es una casualidad que sean las familias que se ubican en los perfiles inferiores de la distribución de la renta en nuestro país”, advirtió, para estimar que el comedor escolar “puede y debe ser nuestra gran oportunidad para ofrecer a niños y niñas de entornos vulnerables la garantía de su derecho a una alimentación saludable y sostenible”.
El responsable de Consumo hizo hincapié en que este “esfuerzo” forma parte del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil que impulsa el Ministerio de Sanidad, cuyos “empeño, labor y convicción” quiso “poner en valor” y con quien comparte el “compromiso” de “garantizar” la seguridad alimentaria en España “desde esa perspectiva democrática, de la mano del conocimiento científico y con el respaldo de las máximas autoridades en la materia a nivel nacional e internacional”.
UN DERECHO SOCIAL
“Debemos garantizar que disfrutar de una dieta saludable, disfrutar de vidas sanas, sea un derecho social universal; que no dependa de la renta, del código postal donde uno nace o vive o de los padres que uno tenga”, prosiguió, para denunciar que nuestras sociedades “soportan unos niveles de desigualdad inadmisibles”, algo “particularmente palpable” en las relaciones de consumo.
En esta línea, reivindicó la importancia de “garantizar entornos seguros”, dado que, a su entender, se trata de “una cuestión de salud pública, pero también es una urgencia y una obligación democrática”. “Y ahí donde se defiendan los derechos universales, donde se defienda el derecho a la salud, el derecho al bienestar, el derecho a la seguridad empezando por el de las personas más vulnerables, es donde van a encontrar a este ministerio siempre”, resolvió, para mostrar “todo el impulso político y todo el compromiso que sea necesario” con el objetivo de que la labor del CNA “siga alcanzando sus niveles de excelencia y pueda, por fin, conseguir que esa urgencia democrática se vaya haciendo realidad”.
En declaraciones a los medios previas a dicha intervención, el titular de Consumo subrayó que España “es uno de los países que tienen los estándares de seguridad alimentaria más altos del mundo” y que, desde las instalaciones que visitó, “se trabaja 24 horas al día 365 días al año para que así sea”.
No obstante, instó a “ampliar el foco”, porque la seguridad alimentaria “no tiene solo que ver con que consumamos alimentos seguros, sino que tiene que ver con garantizar un acceso universal a una alimentación segura, sana y nutritiva” y lamentó que en España se da “una extraordinaria desigualdad económica” que, según su punto de vista, “está lastrando el derecho a disponer de hábitos nutricionales saludables para nuestros niños y nuestras niñas”.
El ministro reiteró que es “una obligación democrática trabajar para que la alimentación sea un ámbito seguro y accesible a todas las familias en España” y que las líneas de actuación que pretende seguir su cartera en esta legislatura tienen que “redundar” en que “el derecho a la alimentación y a una alimentación segura y saludable no dependa de la renta, de la familia en la que uno ha nacido o del código postal en el que vive”.
SUPERMERCADO
En otro orden de cosas, preguntado por qué opina de que la “mayoría” de los alimentos que encontramos en el supermercado tengan códigos E, “nocivos” para la salud, el ministro insistió en que España “tiene un sistema que nos permite mantener los estándares de seguridad alimentaria más altos del mundo”.
“Esto no quiere decir que no haya margen de mejora, por supuesto”, admitió, para afirmar que “es algo muy positivo que se esté extendiendo cada vez más” en la sociedad española una “conciencia de la necesidad de transformar” tanto los procedimientos y la “lógica” de las grandes industrias alimentarias, como la normativa y la regulación que “garantiza que tengamos derechos que se vean respetados, que llevar a cabo una alimentación saludable y la formación de hábitos nutricionales saludables, sobre todo en la infancia, no dependa de elecciones individuales, sino que los poderes públicos lo garanticen”.
Por último, indicó que la “línea de trabajo” que sigue el ministerio “es exactamente esa” y que las medidas pendientes “inciden precisamente en la dirección de garantizar un entorno cada vez más seguro y cada vez más democrático también”. “Es decir, que garantice el acceso físico, social y económico a una alimentación saludable para el conjunto de las familias en España”, concluyó.
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