MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, entregó este viernes a la Junta de Andalucía un archivo digital con hasta 85.000 anuncios de pisos turísticos como muestra de su voluntad de “colaboración y cooperación” para “poner orden” en el sector.
Así lo precisó Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación previas a la reunión que mantuvo con la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández Soto, en las que se puso “a disposición” del Gobierno de Juanma Moreno en relación, “en especial”, a la “avalancha” de pisos turísticos que sufre el país y, a su juicio, esta comunidad autónoma “de manera especialmente acuciante”.
A este respecto, quiso ofrecer “toda” la “colaboración y asistencia técnica” del Ministerio que dirige para que la Junta de Andalucía también pueda iniciar “actuaciones” en este ámbito y explicó que, en el transcurso del encuentro, haría entrega de un archivo digital que incluye hasta 85.000 anuncios de pisos turísticos en la región.
“Además, es una información que está segmentada por tipos de anfitriones, por tipos de alojamiento, por los números de registro, de manera que puede contener indicios de algunas prácticas fraudulentas”, aseveró, al tiempo que subrayó que el “propósito” es aportar toda esta información recabada por la Unidad de Análisis del Ministerio de Consumo, así como su “experiencia, asistencia técnica y colaboración” en este ámbito.
El objetivo es “poner orden” en el sector de los pisos turísticos y “acabar” con la “avalancha descontrolada” que, puntualizó, “como demuestran distintos estudios, está ejerciendo un papel nefasto tensionando el mercado del alquiler ante la crisis de vivienda que viven nuestros conciudadanos”.
ESPÍRITU DE COLABORACIÓN
“Con ese espíritu de colaboración y cooperación, espero que de aquí puedan surgir iniciativas para hacer lo que demanda la ciudadanía y lo que creo que es la obligación de todas las administraciones públicas, que es poner orden en el mercado de la vivienda, específicamente en el sector de los pisos turísticos y asegurar que el derecho constitucional a una vivienda sea respetado para la ciudadanía de nuestro país”, resolvió.
En este contexto, Bustinduy también recordó que su gabinete tiene abiertos dos expedientes sancionadores, uno a una gran plataforma por posible publicidad ilícita de pisos turísticos y otro, a grandes gestoras de pisos turísticos, grandes compañías que, según detalló, pueden gestionar “cientos o hasta miles de pisos turísticos y que se hacen pasar por particulares”.
Asimismo, aludió a las investigaciones en curso sobre grandes inmobiliarias que estarían incurriendo en posibles “prácticas abusivas”, entre las que citó exigir fianzas “desproporcionadas” a los inquilinos, recurrir “de manera fraudulenta” a alquileres de temporada o alquileres vacacionales para “sortear” las limitaciones que impone la Ley de Vivienda, y también “hacer pagar a los inquilinos los gastos de formalización de un contrato”.
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