MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció este lunes que el departamento que dirige va a repartir este año la misma cantidad de dinero para Dependencia que en la anterior legislatura, más de 783 millones de euros, en concreto 783.197.420 euros. Se trata de una cifra récord a la que se “suma” el “compromiso reiterado” por el ministro de “continuar” con la “senda de incremento presupuestario” iniciada por el Gobierno de coalición en la pasada legislatura.
Así lo anunció Bustinduy en el transcurso del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, cuya reunión, que tuvo lugar en la sede del Imserso en Madrid, fue presidida por el propio ministro y por la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y contó con la participación de todos los gobiernos autonómicos, según precisó su gabinete en un comunicado.
Uno de los puntos del día en este Consejo era “abordar” la financiación del sistema de atención a la dependencia con el objetivo, según el titular de Derechos Sociales, de “corregir” la, a su juicio, “infrafinanciación histórica que ha tenido siempre este sistema, agravada en la década pasada con los recortes”.
Para ello, ha fijado como meta que la Administración General del Estado alcance el 50% del total de la financiación en Dependencia, como recoge el Acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, en cuya redacción se “refleja” también el “compromiso” por parte de las comunidades autónomas de “mantener” su inversión.
El ministro señaló que este acuerdo es “necesario” para “mejorar y fortalecer” el sistema de atención a la dependencia, así como para poder iniciar la “transición” a un nuevo modelo de cuidados para personas dependientes, tal y como establece la estrategia estatal aprobada la semana pasada, en la que, según hizo hincapié su departamento, “se priorizan los cuidados en el domicilio, la teleasistencia y los centros de día”.
GRUPO DE TRABAJO “ESPECÍFICO”
En el ámbito de la financiación, en este Consejo Territorial se acordó la constitución de un grupo de trabajo “específico” sobre financiación en materia de Dependencia.
A este respecto, el ministro Bustinduy pidió que dicho grupo “sirva” para llevar a cabo una “reflexión estratégica” sobre el sistema de atención a la dependencia y solicitó a todos los gobiernos autonómicos llevar a cabo una “política de Estado de amplios consensos que permita blindar los recursos necesarios y que evite que vuelva a haber recortes en el sistema”.
Por otra parte, en este Consejo Territorial se trataron otros puntos que el ministerio juzgó “importantes” como la modificación de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y la Ley para la Autonomía y Atención a la Dependencia que el Ministerio de Derechos Sociales está llevando a cabo con el fin de “adaptar” la normativa a las “demandas y necesidades de la sociedad actual”, así como para “adecuarla” al nuevo artículo 49 de la Constitución Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En este sentido, el gabinete de Bustinduy incidió en que esta reforma se realizará a través de un “único” anteproyecto de ley que será aprobado “este mismo verano”, en primera lectura, por el Consejo de Ministros.
Para esta reforma, en este Consejo Territorial se reafirmó la “voluntad” de que Ministerio de Derechos Sociales y comunidades autónomas sigan trabajando “de forma estrecha” para alcanzar un texto “de amplio consenso y transversalidad”.
OTROS ASUNTOS
Además, en el Consejo Territorial se hizo balance de los avances en la gestión del programa básico de tarjetas monedero, el nuevo sistema para ofrecer alimentos y productos de primera necesidad a familias en situación de extrema vulnerabilidad, que se puso en marcha en abril de manera transitoria por parte de la Administración General del Estado, en colaboración con Cruz Roja.
En este punto, el Ministerio de Derechos Sociales presentó una propuesta a los gobiernos autonómicos para seguir trabajando de forma conjunta y “facilitar” así que el sistema de tarjetas monedero siga operando “más allá” de 2024, cuando finaliza la gestión “transitoria” por parte del Gobierno de España, propuesta que fue aprobada por unanimidad por todas las partes.
Los gobiernos autonómicos, por su parte, ya están llevando a cabo su labor de “identificar” a las familias a las que se asignarán estas tarjetas monedero y derivarlas a Cruz Roja para la entrega de las tarjetas.
El departamento de Bustinduy indicó que ya hay seis comunidades que han comenzado a derivar a familias a Cruz Roja para que puedan recibir estas tarjetas y está previsto que el “grueso” de las demás regiones inicie las derivaciones “de forma inminente”.
Junto a ello, en este Consejo también se informó sobre los criterios de distribución de las cuantías del crédito destinado a la financiación del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y del Plan de Desarrollo Gitano.
En el orden del día también figuraba la propuesta de reparto de los recursos con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, para el año 2024, para la concesión de subvenciones a los programas de interés general.
Por último, en el Consejo Territorial celebrado este martes se acordó que Asturias será la próxima sede del Congreso Estatal del Voluntariado en 2024 y se aprobó una guía elaborada por el Centro Español de Autismo para las comunidades autónomas con “orientaciones y apoyos” dirigidos a las familias de personas con autismo.
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