MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció este lunes que su departamento dará luz verde “en las próximas semanas” al real decreto por el que se aprueba el reglamento que regula el sistema arbitral de consumo.
Así lo confirmó Bustinduy tras una reunión que mantuvo en el propio ministerio con International Consumer Research & Testing (ICRT), un consorcio mundial de organizaciones de consumidores, y en la que avanzó su intención de “crear un sistema accesible para todas las personas consumidoras que sea seguro y ágil, pero garantizando la seguridad jurídica de los procedimientos”, según precisó su gabinete en un comunicado en el que agregó que la reunión también contó con la presencia del nuevo secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, y del director general de Consumo, Daniel Arribas.
El Sistema Arbitral de Consumo es un sistema extrajudicial de resolución de conflictos que se dan, por un lado, con los consumidores y usuarios y, por otro, con los empresarios o profesionales, que tiene carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes y a través del cual se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios salvo en “algunos supuestos excepcionales” entre los que Consumo citó aquellos casos en los que el conflicto se produce a raíz de un episodio de intoxicación, lesión o muerte, o cuando existen indicios racionales de delito.
“En este sistema, las partes se encomiendan voluntariamente al órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad. Después, la decisión tomada por el órgano arbitral es obligatoria para todas las partes, ya que estas han aceptado previa y voluntariamente este procedimiento”, abundó el departamento de Bustinduy.
En este contexto, el ministro adelantó que el reglamento “va a acometer la labor de actualizar y mejorar este sistema de resolución alternativa de conflictos”. “Y lo hemos actualizado basándonos en el principio de accesibilidad universal”, declaró Pablo Bustinduy, al tiempo que recordó que las decisiones de este sistema arbitral tienen “la misma eficacia” que una sentencia, “con la ventaja de que evita acudir a los tribunales”.
En paralelo, el ministro quiso, además, mostrar su “apoyo” a las iniciativas de la sociedad civil en materia de protección de los consumidores.
El ministerio explicó que International Consumer Research & Testing es un consorcio a nivel mundial de organizaciones que colaboran en la investigación y ensayo de productos y servicios de consumo entre las que se encuentra BEUC, que tiene entre sus miembros a las españolas OCU, CECU y Asufin, y Bustinduy defendió que la labor que hacen es “fundamental” para proporcionar información “independiente” y “ayudar a las personas consumidoras a tomar decisiones basadas en evidencias” dentro de mercados que, a su juicio, “cada vez son más complejos”.
Este consorcio está formado por más de 30 organizaciones miembro de todo el mundo, llega a más de 25 millones de consumidores al mes y utiliza alrededor de 50 laboratorios independientes especializados en todo el mundo para llevar a cabo investigaciones y pruebas sobre miles de productos.
Por último, el titular de Consumo quiso también destacar el “compromiso” del Gobierno con las personas consumidoras, tanto con el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil como con la actividad legislativa que se va a “cristalizar” en esa “próxima” aprobación del Real Decreto de modernización del Sistema Arbitral de Consumo.
“Reclamar tus derechos no puede depender de tu nivel adquisitivo o posición social; con la renovación de sistema arbitral, todo el mundo podrá luchar por sus intereses de forma segura y accesible”, sentenció.
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