El Gobierno presume de los bajos índices de homicidios, pero organizaciones internacionales alertan de ataques a los DDHH
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
A finales de marzo, cuando El Salvador llegó a registrar 62 homicidios en tan solo un día, la Asamblea Legislativa del país aprobó la puesta en marcha de un estado de excepción que se ha ido extendiendo a lo largo de los meses, culminando con la detención de decenas de presuntos pandilleros y la erradicación de la violencia en las calles del país centroamericano.
Estos son, de hecho, los principales argumentos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saca a la luz de forma periódica para así encumbrar su denominada “guerra contra las pandillas” y tratar de vender al mundo la efectividad de sus leyes. Mientras, organizaciones por los Derechos Humanos llevan meses poniendo en tela de juicio estas medidas.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles, especialmente de aquellos municipios que acumularon la mayoría de homicidios durante la escalada de violencia del mes de marzo.
En concreto, la medida contempla la suspensión del derecho de reunión en todo país, el aumento del periodo máximo de detención, que pasa de 72 horas a 15 días, la supresión del derecho a la legítima defensa y la eliminación del derecho a no ser intervenido en las telecomunicaciones.
Durante los más de siete meses que lleva vigente la medida de excepción, las autoridades salvadoreñas han certificado la detención de más de 57.500 presuntos pandilleros, a los que desde la Presidencia del país se tilda de “terroristas”. Asimismo, se han confiscado cerca de 1.900 armas de fuego, abundante munición, miles de teléfonos móviles, vehículos y cerca de 1,5 millones de dólares en efectivo.
En este contexto, la Policía y el propio Bukele han intensificado su campaña para tratar de defender la medida como el paso necesario para lograr cierta seguridad y estabilidad social en El Salvador. Según las autoridades, el país sigue en los últimos meses una tendencia a la baja en lo que a homicidios se refiere, llegando a no registrarse muertes violentas en las últimas dos semanas.
La lucha de las autoridades contra las pandillas es tal que el Gobierno salvadoreño ha llegado a poner en marcha una operación de destrucción de las tumbas de pandilleros muertos a manos de su gobierno. Una medida que Bukele considera necesaria para acabar con la memoria y símbolos de la violencia.
El jefe de Estado salvadoreño compartió a principios de noviembre un vídeo en Twitter en el que se observa a trabajadores golpeando el sepulcro de decenas de difuntos, añadiendo que de esta forma se intenta “resarcir un poco el daño que (los pandilleros) le hicieron a la sociedad”.
SEGURIDAD A COSTA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Sin embargo, lo que Bukele considera como una medida salvadora no ha tenido el mismo recibimiento entre algunas de las ONG y organismos internacionales más destacados, como Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han instado en sucesivas ocasiones a las autoridades a garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía y poner fin a unas detenciones que consideran arbitrarias.
Amnistía Internacional ha reconocido que la violencia de las pandillas ha atemorizado a los salvadoreños desde hace 30 años, con lo que la “guerra contra las pandillas” anunciada por Bukele es una medida popular para atajar aquello que “no ha hecho más que infligir miseria a la población”.
Sin embargo, la ONG ha denunciado que “la seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de Derechos Humanos”, cuestionando así que más del uno por ciento de la población esté entre rejas tan solo por su apariencia “sospechosa” y haciendo alusión a las al menos 73 personas que han fallecido bajo custodia de las autoridades
De hecho, Amnistía ha recopilado declaraciones de algunos antiguos integrantes de pandillas como la afamada Mara Salvatrucha y que han denunciado que las medidas de represión aplicadas por las autoridades “no cambian al pandillero” y han defendido que la solución para que los jóvenes no se alisten a las bandas pasa por garantizar oportunidades educativas y laborales.
Por su parte, la CIDH ha alertado del hecho de que la Asamblea Nacional salvadoreña haya prorrogado en tantas ocasiones el estado de excepción, una medida que, como su nombre indica, no debería normalizarse pues conlleva la suspensión de derechos fundamentales de la ciudadanía.
“El estado de excepción es una disposición para circunstancias extraordinarias y no un medio para enfrentar el crimen común”, trasladó el organismo hace varios días a través de un comunicado en el que hacía un llamamiento a las autoridades salvadoreñas para que garanticen el cumplimiento de la Convención Americana.
“LOS ‘EXPERTOS’ DECÍAN QUE ERA IMPOSIBLE”
Mientras las críticas se suceden, Bukele saca pecho de su “guerra” contra la delincuencia, que ha logrado convertir al país “más inseguro del mundo” en el “más seguro de América Latina” aunque “los ‘expertos’ decían que era imposible”. “Seguimos construyendo el país que todos soñamos”, ha aseverado en alguna ocasión.
Así, en lo que se ha tornado en una confrontación directa con organismos internacionales, Bukele ha llegado a sugerir que sus medidas “parecen molestar” a “grandes medios, ONG y oposición” y ha puesto en duda que realmente sean organizaciones en defensa de los Derechos Humanos.
“Si la CIDH fuera un verdadero organismo de Derechos Humanos, estaría feliz de que en El Salvador se proteja tan fuertemente el derecho humano más importante: el derecho a la vida”, ha manifestado en sus redes sociales líder salvadoreño.
Junto a las reprimendas de organizaciones, Bukele también se va ganando la desaprobación de parte de la comunidad internacional, que ve en quien irónicamente se ha autoproclamado como “el dictador más ‘cool’ del mundo” a un mandatario que paulatinamente se ha hecho con el control del Parlamento y ha destituido a jueces y fiscales críticos.
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