BRUSELAS, 1 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha multado este martes a 15 grandes fabricantes de automóviles y a la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) con 458 millones de euros por participar en un cártel de reciclaje de vehículos al final de su vida útil.
La investigación del Ejecutivo comunitario ha revelado que, durante más de 15 años –desde mayo de 2002 hasta septiembre de 2017– estos fabricantes y ACEA participaron en prácticas concertadas relacionadas con el reciclado de vehículos al final de su vida útil, automóviles que ya no son aptos para su uso, debido a su antigüedad, desgaste o daños.
La compañía que afrontará la mayor multa será Volkswagen, con una sanción de más de 127 millones de euros; seguida de Renault-Nissan, con más de 81 millones; Stellantis, con casi 75 millones y Ford, con una multa que supera los 41 millones de euros.
Por su lado, Mercedes-Benz ha recibido inmunidad total por revelar el cártel, con lo que ha evitado una multa de unos 35 millones de euros, mientras que Stellantis (incluida Opel), Mitsubishi y Ford se han beneficiado de una reducción de la multa –del 50%, 30% y 20%, respectivamente– por su cooperación en función del momento de su cooperación, aunque eso no ha impedido que se enfrenten aún así a sanciones millonarias.
El Ejecutivo comunitario ha constatado que los 15 grandes fabricantes y ACEA, que será sancionada también con 500.000 euros, acordaron no pagar a los desguazadores de automóviles por procesar los vehículos al final de su vida útil.
En concreto, acordaron considerar que el reciclado de vehículos era un negocio suficientemente rentable y, por lo tanto, no remunerar a los desguazadores de automóviles por sus servicios.
Las empresas también compartieron información comercialmente sensible sobre sus acuerdos individuales con los desguazadores de automóviles, coordinaron su comportamiento hacia estos y acordaron no promocionar qué cantidad de un vehículo puede reciclarse, recuperarse y reutilizarse y qué cantidad de material reciclado se utiliza en los coches nuevos.
Su objetivo era evitar que los consumidores tuvieran en cuenta la información sobre reciclaje a la hora de elegir un coche, lo que podría reducir la presión sobre las empresas para ir más allá de los requisitos legales.
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