BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha iniciado este lunes la preparación de su cuarto informe sobre el Estado de derecho en la UE con una consulta pública abierta a jueces, asociaciones, ONG y sociedad civil hasta el próximo enero; un proceso durante el cual Bruselas también examinará si los gobiernos siguen las recomendaciones emitidas en la edición anterior, por ejemplo la urgencia para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el caso de España.
El informe sobre la salud democrática de los Estados miembro se diseñó para tratar de prevenir problemas sistémicos para el Estado de derecho dentro del bloque o evitar que se agraven las preocupaciones detectadas en cada país, realiza un diagnóstico de la situación pero no cuenta con mecanismos específicos de respuesta por parte del Ejecutivo comunitario.
La publicación de la cuarta edición está prevista para el mes de julio de 2023 y será la primera vez en que se tenga en cuenta si los países han tomado medidas para cumplir con las “recomendaciones” que Bruselas les hizo en la evaluación del pasado año sobre las cuestiones más preocupantes para la UE.
La consulta pública lanzada por los servicios comunitarias estará abierta a las contribuciones de “asociaciones judiciales, sociedad civil, ONG, organizaciones internacionales y agencias de la UE, entre otros” hasta el 20 de enero de 2023, según un comunicado de la Comisión Europea.
En su versión de 2022, el Ejecutivo comunitario pidió a España proceder “con carácter prioritario” a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y emprender “inmediatamente después” la reforma del proceso de selección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces para asegurar que en su mayoría son nombrados por sus pares, en línea con los criterios del Consejo de Europa.
También identificó otras necesidades como el reforzar el estatus del Fiscal general y la separación entre su mandato y el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía del Ministerio Público.
El resto de recomendaciones para España cuyo cumplimiento revisará Bruselas apuntan a esfuerzos para una mayor transparencia con respecto a los lobbies, mejorar los tiempos de investigación y proceso de los casos de corrupción de alto nivel, dotar de recursos adecuados a la autoridad nacional de regulación de medios audiovisuales para reforzar su independencia y mejorar el acceso a la información, en especial con la reforma de la ley de secretos oficiales.
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