BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)
El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha trasladado este martes a las autoridades de Bangladesh su denuncia de las “muertes ilegítimas” a manos de las fuerzas de seguridad en el país en el marco de las protestas contra el ya suspendido sistema de cuotas para funcionarios.
Borrell ha mantenido una conversación en el marco del foro regional de la Asean en Laos con el exministro de Exteriores de Bangladesh, y representante del país en la cita, Abdul Moment. El jefe de la diplomacia europea ha criticado la muerte de al menos 147 personas en las protestas y denunciado la política de disparar contra manifestantes pacíficos, ha indicado un comunicado del Servicio de Acción Exterior de la UE.
Igualmente, ha expresado su preocupación por las muertes de agentes del orden, al tiempo que la violencia, tortura y detenciones masivas registradas durante las protestas. “Estos actos deben investigarse a fondo y los responsables deben comparecer ante la justicia. Deben rendirse cuentas por los numerosos casos de uso excesivo y letal de la fuerza por parte de las fuerzas del orden contra manifestantes y otras personas, incluidos periodistas y niños de corta edad”, ha indicado Borrell en el comunicado.
El Gobierno de Bangladesh confirmó la muerte de al menos 147 personas durante las protestas contra el ya suspendido sistema de cuotas para funcionarios que desató la ira de movimientos estudiantiles al considerar que se trataba de un acto de discriminación.
La cifra confirmada por el ministro del Interior, Asaduzzaman Jan, coincide aproximadamente por la proporcionada durante los últimos días por los medios nacionales en medio de un ‘apagón’ de telecomunicaciones finalmente levantado este domingo.
Las protestas contra el sistema de cuotas –que concedía un 30 por ciento de plazas a descendientes de combatientes de la guerra de independencia de Pakistán en una decisión discriminatoria, según sus críticos– han sido las más graves de la historia reciente del país. Organizaciones como Amnistía Internacional han acusado a las fuerzas de seguridad de practicar una política de represión contra los manifestantes.
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