El Gobierno descarta por el momento volver a presentar el proyecto de ley de amnistía
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha afirmado este lunes, víspera del tercer aniversario del conocido como estallido social, que las demandas que originaron las protesta y a la postre la llegada del propio Boric al poder “siguen vigentes”.
“Las demandas de fondo y ese malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile a propósito del estallido es algo que sigue vigente y de lo cual tenemos que seguir haciéndonos cargo”, ha declarado Boric en un acto oficial.
Por ello, su Gobierno trabaja para dar “soluciones” a las “urgencias de la población” en materia de seguridad, el coste de la vida, pensiones, dignidad o salud. Este mismo lunes, Boric ha participado en la puesta en marcha del Hospital Biprovincial Quillota Petorca en la región de Valparaíso.
“Tenemos que ser capaces de tomarlas y hacer mejores políticas públicas. No basta con discursos grandilocuentes (…). Tenemos que trabajar en atender las urgencias de las personas, las urgencias en seguridad, en alza del costo de la vida, salud, pensiones y en eso no podemos fallarles”, ha añadido.
Además, Boric ha criticado a los “sectores conservadores” que “pretenden hacer creer que nada pasó” y ha llamado a “salir de la pelea chica, de la guerra de declaraciones”. “Son las urgencias las que nos mueven: combatir la delincuencia, recuperar los barrios para las personas y sus familias e impulsar la reactivación de la economía, especialmente junto a las pymes, avanzar en dignidad y derecho”, ha argumentado.
Por otra parte, la ministra portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, ha descartado “por el momento” volver a presentar una iniciativa de urgencia legislativa para aprobar una amnistía para los presos del estallido social.
“Sabemos que hay una discusión que no ha tenido los resultados esperados en el Congreso respecto al indulto. Seguiremos trabajando en el diálogo con distintos actores para que eso pueda tener una respuesta concreta”, ha apuntado.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
El Gobierno de Chile ha coordinado junto a Carabineros el despliegue de unos 25.000 agentes, unos 5.000 solo en Santiago, para las movilizaciones y marchas que tendrán lugar este martes con motivo del tercer aniversario del estallido social, el primero para el nuevo Ejecutivo de Gabriel Boric.
La fecha de este martes está marcada por las recientes agresiones sufridas por varios policías, entre ellas la del sargento Carlos Retamal Jaque, muerto la semana pasada durante un operativo, así como por las últimas advertencias de varios miembros del Gobierno, entre ellos Boric, de que perseguirán sin descanso los comportamientos violentos y el crimen.
Este tercer aniversario es el primero desde que Boric está en La Moneda y la oposición ya se ha encargado de recordar el pasado de algunas de las nuevas autoridades, a las que ha acusado de no haber condenado en su momento aquellas protestas que derivaron en disturbios y enfrentamientos con los policías.
Las movilizaciones por el aniversario del año pasado se saldaron con al menos dos muertos y unos 450 detenidos, además de que se registraran saqueos y diversos hechos violentos después de que la marcha se hubiera desarrollado en gran parte de forma pacífica.
El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público, iniciando movilizaciones que se mantuvieron constantes durante varios meses y que canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad. Las demandas escalaron rápidamente y una de las principales era la redacción de una nueva Constitución, ya que la vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet.
El entonces presidente, Sebastián Piñera, declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las movilizaciones. Mientras las demandas de los ciudadanos no eran atendidas en un primer momento, el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente Carabineros, fue ampliamente criticado y objeto de investigación por parte de organizaciones chilenas e internacionales, que señalaron numerosos y flagrantes casos de violaciones de los Derechos Humanos.
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