MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La junta militar de Birmania ha anunciado este lunes que está preparando la deportación de aproximadamente un millar de migrantes obligados a trabajar para redes de estafa en zonas cercanas a la frontera con Tailandia después de que un grupo insurgente budista haya procedido a la liberación de cientos de ellos durante los últimos días.
Las autoridades estiman que unos 1.030 migrantes han sido rescatados de estos centros de estafa desde el inicio de las operaciones por parte del Ejército Democrático Budista Karen (DKBA). La mayoría de estos extranjeros proceden de países de Asia y África, mientras que los principales objetivos de los delitos perpetrados por estas bandas son ciudadanos chinos.
La junta ha indicado que decenas de ellos han sido ya deportados a sus países de origen, mientras que el resto está siendo sometido a un proceso de verificación, según ha confirmado el Ministerio de Información de Birmania.
El DKBA ha indicado que su objetivo es deportar a unos 10.000 migrantes que trabajan en estos centros en áreas que se encuentran bajo el control del grupo étnico, que llegó a un acuerdo de alto el fuego con las autoridades birmanas tras escindirse del rebelde Ejército de Liberación Nacional Karen en los años 90.
El portavoz Naing Maung Zaw ha afirmado que el proceso de deportación se llevará a cabo de forma coordinada con las autoridades de China, Birmania y Tailandia, según informaciones recogidas por el portal de noticias Irrawaddy.
A principios de febrero, las autoridades de Tailandia cortaron el suministro de electricidad en cinco puntos cercanos a la frontera con Birmania en el marco de las operaciones para acabar con este tipo de bandas después de que la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra se reuniera con el presidente chino, Xi Jinping, y le prometiera acabar con estos centros.
Muchos migrantes son a menudo engañados por este tipo de bandas, que les prometen buenos salarios. Según Naciones Unidas, miles de personas son víctimas del tráfico de personas por parte de estos grupos, que las obligan a trabajar en centros de ciberestafa y las presionan para cometer delitos como fraude y blanqueo.
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