Pide que España siga responsabilizándose del control del mismo mientras no haya una resolución del conflicto
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
EH Bildu ha exigido al Gobierno que en caso de que se llegue a algún tipo de acuerdo con Marruecos sobre el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que actualmente sigue realizando España, este sea sometido previamente al debate y la aprobación del Congreso de los Diputados.
El grupo parlamentario vasco ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja en el que recuerda que España, como antigua “potencia colonial”, es la encargada de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental “desde el Centro de Control Aéreo de Canarias dentro del reparto del espacio aéreo español por parte de Enaire”.
Desde Bildu justifican su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, ante las recientes insinuaciones de que el Gobierno podría ceder la gestión del espacio aéreo sobre la antigua colonia española a Marruecos en el marco de la nueva etapa en la relación bilateral que se abrió tras el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.
“La situación actual garantiza seguridad operacional, neutralidad y el cumplimiento con los estándares internacionales. En cambio, la cesión del control de este espacio aéreo a Marruecos, o cualquier forma de cogestión o estratagema como la cesión a otros proveedores extranjeros de los servicios ATS plantearía una situación preocupante desde una perspectiva democrática, jurídica y estratégica”, esgrime el grupo que comanda Mertxe Aizpurua.
CEDER SUPONDRÍA UN RESPALDO IMPLÍCITO A MARRUECOS
Una cesión de la gestión, advierten, “podría interpretarse como un respaldo implícito a las reclamaciones de soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, contradiciendo la posición neutral y garantista que debe tener España en consonancia con el Derecho Internacional”.
Asimismo, desde Bildu llaman la atención sobre el hecho de que “cualquier movimiento que legitime la ocupación marroquí socava” el derecho de autodeterminación de los saharauis y “debilita el papel de España como actor neutral en el conflicto”, al tiempo que recuerdan el rechazo del Frente Polisario, “representante legítimo del pueblo saharaui según la ONU”, a un paso de este tipo.
Por otra parte, los de Aizpurua también esgrimen la importancia estratégica de mantener el control aéreo y advierten de que cederlo “significaría un retroceso en la defensa de los valores democráticos y los principios del Estado de Derecho”. “España como Estado debe actuar como garante del respeto al Derecho Internacional y no como facilitador de políticas que perpetúen situaciones de ocupación o despojo de derechos”, recalcan en su exposición de motivos.
MANTENER EL CONTROL MIENTRAS NO SE RESUELVA EL CONFLICTO
Por ello, quieren que desde el Congreso se inste al Gobierno a que, “hasta que se resuelva el conflicto”, siga manteniendo el “control exclusivo del espacio aéreo del Sáhara Occidental desde las Islas Canarias, reafirmando su posición neutral y garantista en el conflicto, en línea con las resoluciones de la ONU y los principios de la descolonización”.
También que se le pida que informe a la Cámara Baja “de cualquier transferencia o modificación sobre el control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos” y que “cualquier cambio en el estatus actual (…) sea debatido y aprobado por el Congreso de los Diputados”.
El debate en torno a la posible cesión de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Rabat viene motivado por la hoja de ruta que suscribieron los dos países tras la reunión mantenida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI el 7 de abril de 2022 con la que se puso fin a la crisis diplomática suscitada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, entonces enfermo de Covid, y la postura respecto al Sáhara Occidental.
Uno de los puntos hacía referencia a “conversaciones sobre la gestión de los espacios aéreos”, sin entrar en más detalles. El Gobierno ha confirmado desde entonces la creación de un grupo de trabajo sobre esta cuestión. En una respuesta parlamentaria, precisó que lo que se busca es “conseguir mayor seguridad en las conexiones y cooperación técnica”.
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