MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
La Asociación de víctimas de la talidomida (Avite) denunció este lunes que el Real Decreto de ayudas para 130 víctimas de la talidomida, que previsiblemente se aprobará mañana martes en Consejo de Ministros, deja fuera a 74 personas de la Asociación que “pese a estar afectadas, no figuran en el protocolo de enfermos realizado por el Instituto de Salud Carlos III”.
Así lo puso de manifiesto Avite en rueda de prensa, en la víspera de que el Gobierno apruebe el real Decreto de ayudas para víctimas de la talidomida. La Asociación calcula que ahora debe de haber unos mil afectados vivos en España, muchos de los cuales no están censados ni asociados.
“Afectados debieron ser, sin exagerar, decenas de miles, sino cientos de miles, pero estamos hablando hace 50, 60 e incluso 70 años. Hay que tener en cuenta que la mayor mortalidad se producía en el momento más inmediato, es decir, en el seno de sus madres, pero también fueron muchos recién nacidos los que fallecieron”, explicó Ignacio Martínez, abogado de la Asociación.
Según denuncian, muchos afectados por talidomida se quedarían fuera de las ayudas oficiales. “Es muy importante que la prestación de esta ayuda no solamente se dé a aquellos enfermos que estén incluidos oficialmente a través del protocolo del Instituto de Salud Carlos III, sino que también llegue a muchas otras personas, entre las que se encuentra 74 socios de Avite, que incluso tienen documentos oficiales de su afectación por talidomida”, recalcó Martínez.
Avite pidió, además, “que los afectados por talidomida no reconocidos por el registro del Instituto Carlos III puedan impugnarlo” con todas las garantías legales, cosa que no ha podido hacerse hasta el momento por carecer de un procedimiento oficial para ello.
PEDIR PERDÓN A LAS VÍCTIMAS
Otra de las peticiones de Avite es que el Estado “pida perdón a las víctimas”, debido a que la ayudas a las víctimas de la talidomida ya se contemplaban en la Ley de Presupuestos de 2018, pero se paralizaron tras la moción de censura que desalojó del Gobierno al Partido Popular de Mariano Rajoy.
Los afectados se quejan de que sus peticiones estaban contempladas en la llamada ‘ley Montoro’, que no se llevó a efecto. “De ello hace cinco años, durante los cuales han muerto bastantes afectados, lo cual es especialmente triste”, se lamentaron, y recordaron a una de sus socias fallecidas, “que tenía el 99% de discapacidad, al carecer de brazos y piernas”.
“Sería muy importante que se reconozca oficialmente a estas personas que han sufrido de una manera tan atroz durante tantos años, ya que las cosas en España se han hecho especialmente mal”, destacó José Riquelme, presidente de Avite, haciendo referencia al gran número de afectados por talidomida.
EXENCIONES FISCALES
Por otra parte, los afectados exigen que se recoja la petición de su organización de afectados en relación a las exenciones fiscales de las ayudas que se concedan. “Para nosotros es muy importante la exención fiscal”, para evitar que los afectados tengan que devolver una parte de la ayuda través del IRPF. Riquelme aseguró que en el texto del real decreto que se publique en el BOE se verá si realmente se contemplan estas exenciones reclamadas por Avite.
En cuanto a las ayudas que se concederán, la Asociación de víctimas de la talidomida explicó que “son absolutamente necesarias para que personas que normalmente carecen de brazos, piernas, o presentan muchos tipos de malformación o envejecimiento prematuro puedan tener medios materiales suficientes”.
Por ello, dicho decreto, según indicaron a Servimedia fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, “busca hacer justicia con los afectados en España, uno de los países que más ha tardado en prestarles apoyo”, y regula para ello una serie de ayudas económicas. En total, y tras la evaluación de los casos por parte del Instituto Carlos III de Madrid, las recibirán 130 personas.
IMPORTE DE LAS AYUDAS
El importe varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento. Por ejemplo, y para una persona con un 33% de discapacidad, ascenderá a 396.000 euros en un pago único (a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los PGE de 2018).
Las ayudas podrán solicitarse desde la publicación Del Real Decreto en el BOE y su gestión correrá a cargo del Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales.
La talidomida fue un medicamento comercializado a partir de los años 50 y prescrito a mujeres gestantes para evitar náuseas y vómitos durante el embarazo. Sin embargo, provocó graves malformaciones.
Hasta ahora, sólo 24 víctimas habían recibido ayudas, de acuerdo con una disposición de los PGE de 2009. Ese intento de reparar a las víctimas, sin embargo, se enfrentó a serios problemas para determinar la relación de afectados por la talidomida.
- Te recomendamos -
