MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El inspector principal de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) que dirigió la investigación contra el comisario José Manuel Villarejo por los trabajos que hizo para Repsol y LaCaixa ha defendido este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que en ese momento (2011) el comisario estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía y que no existió una autorización para que compatibilizara sus actividades privadas con las de su cargo policial.
Así se ha pronunciado a preguntas del fiscal del caso, César de Rivas, que ha arrancado su interrogatorio haciendo un repaso a cómo se originó la investigación a Villarejo en 2017, cómo se produjeron las entradas y registros y de qué manera se llevó a cabo la custodia de lo aprehendido y la extracción de los archivos informáticos hallados. Todo con el objetivo de echar por tierra las cuestiones de nulidad que sostuvo ayer la defensa del comisario.
El inspector, tras esto, ha entrado a detallar el concreto trabajo que se juzga ahora, el que hizo para Repsol y La Caixa y que denominó ‘proyecto Wine’. En el mismo, ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.
El agente de Asuntos Internos ha resaltado que en ese momento Villarejo estaba “en servicio activo” como jefe de brigada y con una situación que ha denominado de “singular” porque se dedicaba “a la captación de información de interés policial y al manejo de fuentes humanas”.
Ha advertido que de todo su trabajo debía realizar informes –notas en el argot policial– y que reportaba al entonces DAO de la Policía Eugenio Pino. Y ha subrayado que en los registros se hicieron con “bastantes” de esas notas, pero que ninguna tenía relación con el ‘proyecto Wine’. Así, ha tratado de fijar que ese encargo nada tenía que ver con su labor policial y sí con sus negocios privados.
El fiscal se ha parado en ese detalle para luego subrayar que Villarejo no reportó a su superior policial sobre esas investigaciones. “Nosotros, desde luego, no hemos encontrado ningún indicio, ningún documento que permita pensar eso, que avale esa hipótesis”, ha explicado el agente, que también ha negado que encontrasen alguna resolución que permitiera al comisario actuar como agente encubierto.
CONFLICTO DE INTERESES
Al hilo, a lo largo del interrogatorio, el agente ha explicado que durante la investigación solicitaron a la Oficina de Conflicto de Intereses si Villarejo pidió compatibilizar su actividad privada con la policial y que la Secretaría de Estado de Función Pública les respondió que en ningún momento se había pedido tal cosa.
Sobre el primer contacto con el entorno de Repsol, el agente ha detallado que fue en octubre de 2011 cuando, gracias a las anotaciones de los diarios intervenidos al comisario, ven que se produce una primera reunión con el entonces responsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo. Y todo gracias a que el entonces jefe la de UDEF José Luis Olivera les pone en contacto.
Después, ha recordado, se produjeron otros encuentros en hoteles y finalmente Villarejo, a través de su conglomerado empresarial CENYT les hizo una propuesta que comprendía un primer pago por esos trabajos que ascendía a 90.000 euros.
El agente ha resaltado que esa propuesta es coincidente con los pagos que tanto la energética como la entidad bancaria realizaron un mes después, a pesar de que en un inicio habrían optado por rechazar contratar al comisario.
SIN RETORNO A LA ADMINISTRACIÓN
El inspector ha añadido que de lo investigado pudieron conocer que se dieron un total de tres pagos por cada una de las compañías a CENYT entre 2011 y 2012, más un pago menor en 2014. En este sentido, ha especificado que con esos seis pagos totales abonaron 389.000 euros a una misma cuenta “titulada por Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT)”.
“Y nosotros analizamos en ese oficio que usted cita el destino que se le da una vez que llega a la cuenta de CENYT ese montante económico, y se destina fundamentalmente al mantenimiento de la estructura societaria del señor Villarejo”, ha resaltado, para luego apuntar que “no hubo un retorno” a la Administración Pública de ese dinero.
Según ha explicado, en noviembre de 2011 se entrega un primer informe por parte del comisario relativo a la persona a investigar, Luis del Rivero –al que denomina Río, en clave–, y en el mismo ya utiliza información que habría obtenido de analizar el tráfico de llamadas del teléfono móvil del entonces presidente de Sacyr.
Ha explicado que Villarejo elaboró información sobre los interlocutores de Del Rivero, y así escribió, por ejemplo, sobre el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Además, en anexos a ese primer informe realizó la propuesta final presupuestaria que daba dos opciones, bien pagar un fijo por los trabajos, bien pactar un fijo más variable según el éxito.
Preguntado por otros informes de este proyecto, el agente ha explicado que pudieron obtener otros dos más, ya fechados en 2012: uno que se centraba en el PEMEX y otro que recogía seguimientos y espionajes a Del Rivero en su domicilio de Madrid.
OTROS TRABAJOS
Durante esta segunda jornada del juicio de esta ‘pieza 21’, el inspector ha sido cuestionado por aspectos del arranque de la investigación a Villarejo que apuntalarían la misma y dejarían claro que no se trataron de unas pesquisas prospectivas.
En este sentido, el inspector ha revelado que al inicio de la investigación pudieron analizar la web de CENYT, y ha resaltado que les llamó la atención que el comisario ofertara su filial ‘CENYT Argo’ como una “unidad de inteligencia empresarial dedicada o especializada a la investigación financiera”.
“Decía que mantiene estrechas relaciones institucionales y operativas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Administración de Justicia, lo que le permite lograr altos grados de eficacia en la consecución de sus objetivos, y eso lo define como el valor estratégico de la firma”, ha recordado.
Estos literales de la web, sumado a que la denuncia anónima que dio origen a la primera pieza del caso ya hablaba no solo de un encargo concreto sino de “otros encargos similares”, les llevó a pensar que era “evidente” que además de ese primer cliente “había más” que recurrían al comisario.
LAS PENAS POR ‘WINE’
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 40 años y medio de cárcel para Villarejo por esos trabajos realizados para Repsol y La Caixa. En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Fiscal solicita además una pena de 32 años y medio para el socio de Villarejo, Rafael Redondo, 21 años para el subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, 28 años para el responsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y 21 años para el ex responsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño.
A todos les encausados se les imputan diversos delitos que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil.
Tal y como recuerda Anticorrupción a lo largo de 15 folios, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.
Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, “los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas”, y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.
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