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Astrid Pérez, perteneciente al Partido Popular (PP), afirma que continuará demandando mayores recursos para hacer frente a la creciente llegada de inmigrantes a Lanzarote

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ARRECIFE (LANZAROTE), 1 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Lanzarote y candidata al Parlamento de Canarias por la circunscripción insular, Astrid Pérez, ha asegurado que seguirá reclamando más recursos para hacer frente a la llegada de inmigrantes a las costas de la isla de manera irregular.

“Le pese a quien le pese, y a pesar de lo que piense el presidente Ángel Victor Torres, esta alcaldesa y parlamentaria va a seguir reclamando más medios materiales y más recursos para hacer frente a la llegada de inmigrantes a nuestras costas, como he venido haciendo a lo largo de esta legislatura, porque es mi responsabilidad y mi obligación”, ha señalado.

Según explica el PP en una nota de prensa, así lo ha dicho en respuesta a las declaraciones realizadas por Torres en un acto político del PSOE, en las que afeaba a la también Alcaldesa de Arrecife que pusiera “pegas” a la hora de intentar dar “un trato digno” a los inmigrantes que llegan en pateras y cayucos.

Pérez dudó que ofrecer un trato digno a los inmigrantes que arriban a Lanzarote y La Graciosa sea “quedarse quieto y de brazos cruzados, como hace Torres, mientras se pierden vidas en el mar por no tener un radar que en la zona norte que ayude a evitar muchos de estos fallecimientos”.

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“Para Torres –continuó– un trato digno es tener a los inmigrantes hacinados en unas naves insalubres, como estuvieron durante meses, o que, como ahora, estén dentro de unas carpas al solajero, en un solar que luego cuando llueve se inunda”.

La candidata agregó que se opuso a estas instalaciones porque por mucho que el Gobierno del Estado y el propio presidente de Canarias quieran llamarle Centro de Acogida Temporal de Extranjeros, “no lo es”.

“Es un mero campamento de carpas vallado en medio de la ciudad –denunció Pérez– y no es que lo diga yo, sino que así se apunta en distintos informes sobre extranjería elaborados por la Diputación del Común y la Fiscalía”.


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