MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Confederación Aspace y el Consejo General de Logopedas elaborarán una guía de facilitación procesal de la comunicación y una herramienta de evaluación de necesidades comunicativas en el contexto judicial.
Este proyecto, en el que ya han empezado a trabajar, es fruto del convenio de colaboración que firmaron ambas entidades en 2022, dirigido a mejorar el acceso a la justicia de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo en la comunicación.
Según Aspace, más de 650.000 personas con discapacidad se encuentran con barreras comunicativas para acceder a la justicia en España. De estas, casi 120.000 tienen parálisis cerebral y el resto son otras discapacidades que comparten estas necesidades de apoyo comunicativas –disartria o ausencia de comunicación oral–.
Junto a los recursos materiales de la comunicación, una de las herramientas para garantizar una justicia inclusiva es contar con una persona facilitadora de la comunicación que preste apoyo en este ámbito a quienes tienen necesidades comunicativas.
Se trata de una profesional de logopedia, con formación en Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación, cuya intervención debe ser neutral e imparcial. Esta realiza un informe y diseña ajustes individualizados en función de las necesidades comunicativas de la persona, garantizando la comunicación bidireccional con el órgano policial y judicial.
La guía de facilitación procesal de la comunicación servirá como herramienta práctica a la intervención que realizan los profesionales de la logopedia en los procesos de facilitación, todo ello desde unas pautas elaboradas por profesionales del mismo ámbito. Además aportará modelos detallados para los diferentes perfiles de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con necesidades de apoyo comunicativo.
Según Ángeles Blanco, delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de Confederación Aspace, “la reforma de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, no solo convierte a las personas con discapacidad en titulares de sus derechos, sino que introduce también un cambio muy significativo para garantizar su acceso a la justicia en términos de igualdad”. “Se articulan “rampas cognitivas” que posibilitan tanto el ejercicio cotidiano de derechos como la participación judicial en primera persona”, afirmó, y señaló que este proyecto” sienta las bases de la facilitación en personas con necesidades comunicativas”,
A juicio de Ana Vázquez, presidenta del colegio Oficial de Logopedas, supone “una oportunidad no solo para la dignidad y derecho de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo, sino también para actualizar el conocimiento de los agentes sociales y de la justicia sobre la comprensión de las demandas de estas personas”. “La comunicación nos hace más humanos y humanas, en todo el significado de este concepto”, agregó.
La guía explicará, desde una perspectiva teórico-práctica, cómo han de prestarse los apoyos comunicativos, mientras que la herramienta de valoración posibilitará la generación de itinerarios comunicativos que darán lugar al informe de ajustes del procedimiento.
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