MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Confederación Aspace) solicitó este martes al nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, impulsar un modelo social que garantice los derechos de las personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo, centrado en las decisiones de éstas.
Así lo manifestó la presidenta de Aspace, Manuela Muro, tras el nombramiento del nuevo ministro. Entre las principales demandas para esta nueva legislatura, Muro solicitó que se asegure la sostenibilidad del Tercer Sector para “garantizar la continuidad y la calidad de los servicios ofrecidos por las entidades”. Asimismo, pidió la cobertura de la totalidad del coste de cada servicio ofrecido por las entidades.
Además, Muro abogó por incluir a las personas con grandes necesidades de apoyo en la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización. “El diseño de apoyos personales y específicos, enfocados en las decisiones de estas personas constituyen la mejor respuesta para su vida independiente”, explicó, al tiempo que reclamó que se promocione la asistencia personal como algo prioritario “eliminando incompatibilidades y extendiéndola a todas las áreas de la vida”.
Por otro lado, Aspace recalcó la importancia de desarrollar la accesibilidad universal para garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad.
En este contexto, desde la organización destacaron que es “fundamental” consolidar el papel de la persona facilitadora de la comunicación como profesional “clave” para el acceso a la justicia de personas con necesidades de apoyo.
También reclamaron que se garantice el uso de Sistemas Aumentativos y Alternativos de la Comunicación (Saacs) en el proceso judicial, si la persona con necesidades de apoyo comunicativas lo requiere.
Otras de las peticiones de la organización son sobre la atención temprana y el apoyo a las familias. La presidenta de Aspace recordó la importancia del reconocimiento normativo de la atención temprana como “un derecho subjetivo, universal, público y gratuito”.
Igualmente, requirió desarrollar medidas de apoyo social y económico para las familias de estas personas, incluyendo la ampliación de la prestación del subsidio por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME) hasta los 30 años.
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