Esgrimen el “legítimo derecho” a optar a plazas de estos conforme a la Ley de Acción Exterior
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Las principales asociaciones del personal de la Administración General del Estado (AGE) que trabaja en el exterior han rechazado que sea nepotismo el que se contrate a familiares suyos para ocupar plazas en embajadas y otras oficinas fuera de España, esgrimiendo que es una herramienta de conciliación prevista por la ley y que no hacerlo supondría una discriminación además de dificultar la cobertura de algunas de estas plazas.
En un comunicado, que han publicado tanto la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) como las principales asociaciones de diplomáticos –la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), la Asociación de Mujeres Diplomáticas Españolas (AMDE), la Asociación de familias de diplomáticos y funcionarios del Servicio Exterior (AFD) y ExteriorEsDiverso– salen al paso de las informaciones sobre la contratación de varios cónyuges del personal destinado en las representaciones diplomáticas de España en Washington.
Tras defender que los procesos de selección se hicieron “en cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente”, como también ha apuntado Exteriores, sostienen que “no resulta admisible que, argumentándose supuestos favoritismos, sea cuestionado el legítimo derecho que ampara a los cónyuges y parejas de empleados públicos en el exterior de concursar y ser adjudicatarios de un puesto convocado en una oficina en el exterior”.
Así, recuerdan que la Ley de la Acción y del Servicio Exterior prevé que los órganos centrales del Servicio Exterior del Estado facilitarán posibilidades de trabajo para los cónyuges y parejas de hecho y que los empleados públicos de la AGE “tendrán preferencia, en el caso de concurrencia con otros aspirantes y siempre que exista igualdad de méritos entre ellos”.
Sin embargo, según denuncian las asociaciones, “en la práctica estos mandatos legales no están siendo aplicados”. “Paradójicamente, lejos de existir una preferencia en la contratación de estos cónyuges y parejas, lo que se constata es que éstos se ven disuadidos de presentarse a los concursos para evitar sospechas de favoritismo”, sostienen.
Según esgrimen, “los cónyuges y parejas de empleados públicos destinados al exterior y que acompañan a éstos para mejor preservar la unidad familiar ven enormemente perjudicadas sus propias carreras profesionales”, teniendo en muchos casos que abandonar de forma temporal o definitiva sus puestos de trabajo. Además, “encuentran dificultades legales y prácticas para encontrar trabajo en los países donde son destinados sus cónyuges o parejas, especialmente en algunos países”.
ES DISCRIMINATORIO Y CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN
Todo ello, subrayan, “tiene impacto en sus cotizaciones sociales y, en consecuencia, en sus futuras pensiones de jubilación”. “No permitirles presentarse a los concursos de puestos ofertados representaría una discriminación y vulneraría los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.
“No se trata de nepotismo, se trata de conciliación”, esgrimen las asociaciones, incidiendo en que “las dificultades de conciliación familiar derivadas de esta situación” hacen que los empleados públicos se vean obligados a “decidir entre su familia y optar a las plazas en el exterior”, con el consiguiente “impacto adicional en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la AGE”.
“Más allá del ataque que ello supone al derecho a la conciliación, esta situación merma al propio Servicio Exterior, el cual –conviene recordarlo– se dedica fundamentalmente a servir a la sociedad española”, defienden FEDECA y las asociaciones de diplomáticos.
En este punto, inciden en que “en algunos casos es discriminatorio respecto a personas altamente cualificadas” y por otra parte “impediría que muchas plazas laborales ofrecidas por la AGE en el exterior difíciles de cubrir por sus retribuciones poco competitivas, fueran perfectamente desempeñadas por cónyuges y parejas que reúnen mayoritariamente sobrados méritos y capacidades para ello”.
Así las cosas, consideran urgente “encontrar soluciones a la conciliación en el Servicio Exterior” por lo que instan al Gobierno a “dar cumplimiento a las medidas previstas al respecto” en la ley de 2014, “que entre otras cuestiones, exigía al Ministerio de Hacienda y Función Pública que elaborase, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor, un informe sobre la situación de los cónyuges o parejas de hecho del personal funcionario o laboral desplazado, que no tengan la condición de empleado respecto de su posible acceso a cobertura de puestos de trabajo existentes en la AGE y sus organismos dependientes en el exterior”.
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