PALMA, 16 (EUROPA PRESS)
El portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha considerado que “hay determinados límites a traspasar” y que “dudar de los jueces supone pasar una línea que no debería superarse en ningún caso”.
Así se ha expresado el portavoz este miércoles en un acto celebrado en Palma, en relación a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras conocerse la reducción de penas a violadores usando la nueva Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley del ‘solo sí es sí’, afirmando que el machismo “puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa”.
“Entiendo la crítica política porque forma parte del juego normal en un contexto de año electoral, pero hay límites a traspasar, que son los que tienen que ver con el funcionamiento regular de las instituciones”, ha reiterado el portavoz.
En este punto, ha sentenciado que, “cuando una persona desempeña un cargo público, debe tener bien clara la función del resto de instituciones”, y ha subrayado que “el poder judicial no es un instrumento de políticas gubernamentales”.
Además, Fernández ha recordado que la reducción de penas es “un problema del que se había advertido”, ya que la asociación emitió un documento técnico de análisis de la Ley del ‘solo sí es sí’ que decía que “podría darse una situación de revisión de condenas porque se habían rebajado penas para algunos delitos”.
“No es algo sorprendente para una persona con conocimientos mínimos que analice un texto legislativo”, ha censurado.
Así, el portavoz ha contemplado que el problema es que la Ley “no establece ninguna regla” sobre cómo debe hacerse la revisión de las condenas y el “único criterio” es el del Código Penal, que dice que las leyes penales favorables tienen efecto retroactivo.
“La Ley no dice absolutamente nada y ese es el problema”, ha concluido.
Por su parte, el portavoz de la asociación en Baleares, Jaime Tartalo, ha indicado que la Audiencia se reunirá para fijar un criterio sobre cómo proceder a las excarcelaciones y, respecto a los ataques a los jueces, se ha remitido a lo dicho ya por las asociaciones judiciales. “Nosotros nos limitamos a aplicar el derecho”, ha sentenciado.
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