MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (Aseica) reconoció como “avance” que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones incorporó algunas de las reclamaciones del sector científico en relación con la orden ministerial por la cual se regula la recuperación de los derechos sociales para becarios en investigación con anterioridad al año 2011, pero las consideró “insuficientes” porque quedan sin resolver las cuestiones más importantes referidas a períodos de cobertura y a la cuantía de los pagos.
Según informó la Aseica, las reivindicaciones son antiguas porque se retrotraen a becas anteriores a Ley 27/2011, que no cotizaban a la Seguridad Social, ni tenían derechos laborales (por ejemplo, como bajas médicas) que hoy son de obligado cumplimiento.
En el año 2023, el Real Decreto-Ley 2/2023 estableció la posibilidad de suscribir un convenio especial para regularizar inicialmente dos años, y posteriormente cinco, de aquel período de formación. En julio y, posteriormente, en diciembre del 2023, Aseica y otras entidades presentaron reclamaciones y alegaciones a este Decreto Ley.
La situación empeoró en mayo del 2024, cuando se publicó una Orden Ministerial por la que se permitía la regularización de cinco años “de formación” pero con la base de cotización actual (año 2024) e incluyendo los costes del empleado y del empleador.
La disconformidad con estas medidas se le trasladó desde Aseica y otras entidades al secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo.
Así, la asociación apreció, en particular, que, en el reciente BOE del 1 de agosto, se reconozca desde el Ministerio “peticiones de revisión” por parte de agentes sociales y de diferentes entidades, entre las que se encuentra Aseica, en relación a “determinados aspectos del régimen jurídico que consideran excesivamente gravosos”.
Entre las medidas recogidas en esta modificación está rebajar el coste del convenio especial utilizando como base de cotización la del año correspondiente; flexibilizar el pago de la cuota, posibilitando el fraccionamiento hasta un máximo de 84 mensualidades; ampliar el plazo de suscripción hasta diciembre del 2028; agilizar los trámites de acreditación por parte de las universidades, centros educativos o empresas, o facilitar el cómputo de los períodos trabajados, entre otras.
“Nos complace ver que se han aceptado medidas que reclamábamos, por ejemplo, que la base de cotización sea la del año que se pretende recuperar y no la del año 2024”, valoró la presidenta de Aseica, Marisol Soengas.
Sin embargo, lamentó que “no se haya atendido las peticiones de poder regularizar todo el tiempo trabajado, y que el solicitante tenga que cubrir costes adicionales que le deberían de corresponder al empleador”.
Soengas indicó también que el equipo legal de Aseica está revisando con detalle el texto de esta orden sobre el máximo de años recuperables, que parecen ser cinco (1825 días), pero la redacción es confusa para casos que hubiesen solicitado una regularización anterior.
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