SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 (EUROPA PRESS)
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha interpuesto recurso ante el Tribunal Supremo frente al Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, por el que se crea el procedimiento de Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.
La asociación entiende que el registro creado por el Gobierno de España es “contrario” al reglamento 2024/1028 de la Unión Europea ya que para las viviendas turísticas “impone una duplicidad de registros, extremo expresamente prohibido por el reglamento europeo”.
La patronal subraya en una nota que las viviendas turísticas ya están inscritas en los correspondientes registros autonómicos por lo que obligarlas a pasar nuevamente por una nueva inscripción, ante el registro de la propiedad en este caso, “vulnera frontalmente la norma europea que tiene primacía y preferencia frente a la nacional”.
Además, considera que el Real Decreto impugnado es contrario a la Constitución Española toda vez que el Gobierno se arroga unas competencias que no le corresponden pues las comunidades autónomas son las competentes en materia de regulación y comprobación de los alojamientos turísticos.
Sin embargo, señala que el Gobierno ha creado un sistema para que sean los registradores de la propiedad (dependientes del Ministerio de Justicia) los que asuman la competencia de verificación de las viviendas turísticas “vulnerando competencias exclusivas de las comunidades autónomas”.
Dada la gravedad de la situación y ante el “perjuicio irreparable” que el Real Decreto va a causar al subsector de las viviendas turísticas y su impacto económico directo en toda España, la asociación ha solicitado al Supremo que se adopte la suspensión cautelar hasta que se dicte sentencia.
Ascav también ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea por vulneración de la normativa comunitaria por parte del Gobierno central ya que considera que el Real Decreto 1312/2024 es contrario al derecho comunitario.
A su juicio, una vez admitida a trámite la denuncia, España podría ser sometida a un procedimiento de inspección tras el cual, de no reconducirse la situación, podría ser incluso sancionada económicamente.
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