MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) celebró este martes la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad de las actividades de los Grupos de Interés y reclamó un marco normativo “equilibrado” para lobistas y actores públicos.
La APRI, representante de más de trescientos profesionales del sector del lobby, los asuntos públicos y las relaciones institucionales y apoyada por veinticuatro organizaciones en España, celebró en un comunicado la aprobación de este anteproyecto, enmarcada en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno aprobó en septiembre de 2024.
La Asociación valoró “muy positivamente que se den pasos hacia una regulación que dote de mayor transparencia en el diálogo entre los grupos de interés y las administraciones públicas y que exista un proyecto de regulación de la actividad del lobby en España, tal y como han recomendado en varias ocasiones organismos e instituciones internacionales como la Comisión Europea, en su informe sobre el Estado de Derecho en España, el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) o la OECD en sus Recomendaciones sobre Transparencia e Integridad en el lobby”.
“Desde el convencimiento de que la normalización de la actividad del lobby es fundamental en nuestra democracia, ya que permite que diversos actores -como empresas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y ciudadanos – expresen sus preocupaciones e intereses a los responsables políticos, resulta indispensable que esta práctica se desarrolle bajo los más altos estándares de la ética y la transparencia”, argumentó.
Por ello, recordó que lleva “años reclamando una regulación que ponga fin a la anomalía de que España siga siendo uno de los grandes países de la Unión Europea que aún carece de una normativa específica sobre esta materia”, ya que esa regulación debe ser “una herramienta que asegure la responsabilidad de los distintos actores de la interlocución entre los representantes públicos y los grupos de interés”.
“Nuestro objetivo es que la nueva regulación promueva una interacción ética, transparente, efectiva y equilibrada entre ambas partes, a través de mecanismos específicos que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas: la creación de un registro público obligatorio donde se inscriban, sin excepción, todos los sujetos que pretenden ejercer influencia en la toma de decisiones públicas; la publicación de las agendas de los representantes públicos detallando las reuniones y contactos mantenidos con grupos de interés; la implementación de un mecanismo de huella normativa que registre las contribuciones de los lobistas en el proceso de elaboración de normas y políticas públicas, el establecimiento de normas claras que aseguren que las decisiones públicas no estén condicionadas por intereses privados indebidos y la existencia de un organismo independiente que actúe como órgano supervisor de todas estas medidas, y en su caso, imponga sanciones por incumplimiento”.
Considera que este enfoque, “ampliamente instaurado en las instituciones europeas y otros países de nuestro entorno, protege la legitimidad del lobby como un medio de participación democrática, y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas”.
Por todo ello, hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que haya consenso en la tramitación parlamentaria y se pone a su disposición “para ayudar a lograr la aprobación definitiva de una regulación efectiva de la actividad de los grupos de interés que cree garantice que los ciudadanos puedan involucrarse activamente y participar en los asuntos públicos”.
En palabras del presidente de la asociación, Carlos Parry, en APRI “estamos convencidos de que la regulación de la actividad de los grupos de interés no es solo una necesidad, sino una oportunidad para fortalecer nuestra democracia. Regular el lobby con transparencia y responsabilidad no solo alinea a España con las mejores prácticas internacionales, sino que también garantiza que la voz de todos los ciudadanos y sectores sociales sea escuchada de manera justa y equitativa”.
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