AJFV lamenta que el Gobierno altere “los equilibrios institucionales” y FJI advierte de un “retroceso en garantías”
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha advertido este viernes sobre la propuesta planteada por PSOE y Unidas Podemos para rebajar las mayorías que debe sumar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. “Son las normas básicas del Estado de Derecho y no las estamos saltando”, han afirmado.
Desde la APM consideran que “no pueden cambiarse las reglas del juego en mitad del partido y rebajar las mayorías necesarias a capricho”. En este punto, han señalado que la Constitución se basa en el acuerdo y en el consenso.
Es por ello que han lamentado que el Ejecutivo trate de prescindir de estas mayorías amplías y reforzadas, que actúan como una suerte de pesos y contrapesos.
Para el miembro ejecutivo de APM Juan José Carbonero “esto es la continuación de una guerra que esta convirtiendo al CGPJ es una escombrera”. “No señalaré a nadie pero si puedo señalar a quienes somos las víctimas de esto, que somos los miembros de la carrera judicial. La situación no es halagüeña”, ha añadido.
DESBORDANDO “CUALQUIER OBSTÁCULO”
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha tachado en declaraciones a Europa Press de “tremendamente preocupante” el cambio planteado. “Esta iniciativa es la demostración sin ningún tipo de disimulo de que la mayoría de gobierno está dispuesta a desbordar cualquier obstáculo para la consecución de sus intereses inmediatos”, ha criticado.
En esta línea, Vaquero ha reprochado al Gobierno que trate de sortear el “incumplimiento constitucional” por parte de un grupo de vocales cambiando la ley y alterando “los equilibrios institucionales”.
“Cuando le quitas al TC la facultad de verificar los requisitos de nuevos magistrados estás desapoderando al TC, un órgano que no esta sujeto al control del gobierno. Se está alterando la posición constitucional del órgano. Es algo terrible”, ha advertido.
UN “RETROCESO EN GARANTÍAS”
Por su parte, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha señalado a Europa Press que “cualquier rebaja de las mayorías es un retroceso en garantías”. Así, ha recordado que en 2005 se modificó la ley para reforzar mayorías con el objetivo de evitar que “un único bloque pasara el rodillo” para imponer a sus candidatos, garantizando así perfiles “más técnicos y profesionales”.
“Volver a aquello que se hizo con un fin claro de avanzar en un Estado de derecho y garantías supondría un claro retroceso, olvidando que todo proceso de negociación requiere de sus tiempos. Querer forzarlos pone de manifiesto una urgencia que no se corresponde con la realidad. Es necesaria la renovación del TC pero esto sigue funcionando, no hay una parálisis”, ha apuntado.
En este contexto, Portillo ha criticado que haya tanta “prisa por cambiar las mayorías ideológicas del TC. “Esto lleva al punto de querer ir marcha atrás”, ha apostillado.
EL TC “NO PUEDE PERMANECER INCOMPLETO MÁS TIEMPO”
Por el contrario, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha opinado que esta reforma planteada por el Gobierno “es respuesta a la deliberada posición obstruccionista de un grupo de vocales que incumple la ley, dilatando y demorando tal designación”.
A juicio del integrante del Secretariado de JJpD, Edmundo Rodríguez, el TC “no puede permanecer incompleto más tiempo, porque además de incumplirse la previsión legal que exige renovación en plazo, se afecta a su correcto funcionamiento y se deslegitima su labor, al verse envuelto en una polémica ajenas a su trabajo cotidiano”.
Desde su punto de vista, “el incumplimiento de la ley motiva que se adopten medidas para proteger las instituciones frente a quienes, pese a su responsabilidad institucional, tienen el deber de defenderlas”.
“La reducción de mayorías puede servir para superar esta situación de desacato en que se incurre por algunos de quienes integran el CGPJ al proponerse una fórmula que supone que las dos candidaturas más votadas completen el Tribunal Constitucional”, ha añadido Rodríguez.
JJpD sostiene que si el CGPJ no cumple con su obligación es factible que el Tribunal Constitucional se renueve sólo con los magistrados designados por el Gobierno, aunque ha llamado a que éste “busque perfiles que transmitan una clara imagen de imparcialidad e independencia”.
“La renovación parcial es una solución cuando se bloquea de forma deliberada y consciente la conformación plena del Tribunal Constitucional. Si el CGPJ no cumple, no puede impedirse que el gobierno atienda la obligación que contempla el artículo 159.1 de la Constitución, designando a dos magistrados en el Tribunal Constitucional”, ha zanjado.
SOBRE LA REFORMA DE LA MALVERSACIÓN
Las asociaciones también se han referido a la propuesta de ERC para crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel –con una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión– a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal
Desde la APM han preferido no entrar a valorar un cambio que compete a los grupos parlamentarios. “El gobierno tendrá sus razones de conveniencia política para impulsar esa reforma, lo mismo que ha hecho en la sedición, y nosotros tenemos poco que decir”, han apuntado.
En la misma línea se han expresado desde JJpD, rehusando pronunciarse respecto a esta “reforma exprés”.
UN MENSAJE “EQUIVOCADO PARA LA SOCIEDAD”
Por su parte, la AFJV ha recalcado que no es nada “criticable que el Gobierno o los grupos parlamentarios ejerzan su iniciativa legislativa”. Con todo, ha pedido no “confundir a la opinión pública” con esta modificación.
“La malversación no castiga a personas que se benefician con dinero publico. Todos los delitos tratan de proteger un bien: el de malversación protege al funcionamiento eficaz de la administración publica. La mayor o menos gravedad de una conducta de malversación no depende del enriquecimiento, sino del daño que causa a la eficacia de la administración”, ha señalado Vaquero.
Por último, desde FJI han apuntado que “cualquier rebaja en delitos de corrupción, que sigue siendo utilizar dinero para beneficio o enriquecimiento personal, manda un mensaje bastante equivocado a la ciudadanía y sociedad en general”.
“Tendríamos que ser rigurosos y no dar marcha atrás en corrupción política. Son delitos que suponen a funcionarios o autoridades abusar de su posición. Puede suponer esa rebaja nuevas revisiones de condena firme de muchos condenados por corrupción. Si lo que se quiere es diferenciar los tipos, es tan fácil como agravar la pena si hay enriquecimiento personal, pero rebajarlo si no lo hay esta claramente dirigido a beneficiar determinadas conductas”, ha afirmado Portillo.
- Te recomendamos -
