MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha afirmado que la “situación”, tras elevar el magistrado Francisco José Goyena al Supremo la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario en relación a la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, “ha traspasado todos los límites que puede soportar la institución”, apelando a la regeneración de la Fiscalía General del Estado.
La APIF ha recordado que ya manifestó su preocupación sobre la nota de prensa en la que se informaba sobre los “posibles pactos de conformidad entre la Fiscalía” y Alberto González el pasado 14 de marzo.
La asociación ha afirmado que este hecho “afectaba al derecho a la presunción de inocencia” de Alberto González y se saltaba el secreto profesional recogido por el Estatuto de la Abogacía por el que debe guardarse secreto de “todas las propuestas que, como profesional de la Abogacía, haya conocido, emitido o recibido en su ejercicio profesional”.
La APIF ha recordado en comunicado que se dirigió en su momento al Fiscal General para desautorizar la publicación de la nota de prensa ya mencionada y condenaron que la forma de proceder por parte de García Ortiz fue, “en todo momento, inapropiada”, recordando que son los tribunales los que deben decidir si “además es delictiva”.
El modo de proceder, según la asociación, debió ser la denuncia de “la filtración de dichas noticias al Colegio de Abogados” y la publicación de una “breve nota dando cuenta de esa situación”. Para la APIF el “comportamiento anómalo” de la Fiscalía “compromete la imparcialidad” de este organismo “cuando se actúa en defensa de intereses que afectan a los superiores jerárquicos”.
La asociación ha finalizado el comunicado considerando que es “el momento de regeneración de la institución” para poner a la Fiscalía “en manos de quienes actúen en defensa de la legalidad y del interés público protegido por la ley” para evitar llegar a otra “situación penosa” como la actual.
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