MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo cognitivo representan apenas entre el 1% y 2% del total de los reclusos de las instituciones penitenciarias españolas. Por lo general, “suelen ser personas que acumulan delitos leves”, muy diferentes a lo ocurrido en el reciente crimen de Mocejón (Toledo).
Así lo explicó a Servimedia la coordinadora del Programa del Facilitador Procesal de Plena inclusión España, Sonia Bermejo, quien reconoció que hay personas con discapacidad intelectual que viven en ambientes “más desfavorecidos” y son “más vulnerables a entornos delincuenciales”. “La discapacidad intelectual es muy heterogénea y normalmente la persona que se encuentra en un recurso, en una institución, no comete un delito”, aseguró.
Esta profesional andaluza lleva más de dos décadas asistiendo a la población reclusa que presenta problemas cognitivos en calidad de Coordinadora de Acceso a la Justicia de Plena inclusión de Andalucía del Programa de Atención integral a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo reclusas, exreclusas o que cumplen medidas alternativas.
Preguntada sobre si ha asistido a algún caso similar al del presunto asesino del niño de 11 años apuñalado en agosto en Mocejón (Toledo), la facilitadora procesal aseveró que se trata de un caso muy excepcional. “En 20 años de trabajo, tan sólo he tenido un caso de intento fallido de delito de sangre por parte de una persona con discapacidad intelectual que se encontrará dentro de un recurso de personas con discapacidad intelectual”. “Estos casos los puedo contar con los dedos de la mano”, afirmó.
“En aquella época no existía la figura del facilitador procesal”, recordó Bermejo. “Actué como testigo perito, puesto que soy psicóloga y redacté un informe de la discapacidad que se lo presenté al juez para que lo tuviera en consideración”.
Asimismo, destacó la necesidad de recomendar a Instituciones Penitenciarias cuando observan un alto grado de discapacidad en el sujeto, su derivación “a un centro especializado para su perfil”. De hecho, existe un artículo dentro del reglamento penitenciario que contempla esta posibilidad.
TRABAJAR DESDE LA PREVENCIÓN
En la actualidad, el movimiento asociativo Plena inclusión, que reúne a 950 entidades en todo el país, ofrece acompañamiento a 1.431 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en tres niveles: prevención, personas reclusas y personas exreclusas en el marco de su programa de intervención en medios penitenciarios. Sonia Bermejo incidió en que la clave está precisamente en la intervención en el nivel de prevención, en el trabajo que se hace con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que se encuentran en situación de riesgo.
Del total de población reclusa, tan solo un 1% presenta alguna discapacidad intelectual o problema del desarrollo cognitivo. La facilitadora se lamentó de que estas personas, en las fases iniciales del proceso, como la declaración policial, “pasan a menudo desapercibidas”.
“Una persona con discapacidad intelectual límite que está ‘normalizada’ en la sociedad, por poner un ejemplo, al final nos la encontramos en prisión, sin haberla valorado. Y eso es muy difícil frenarlo porque ya hay una sentencia y una pena”, concluyó.
Según datos un informe de Plena inclusión sobre prisiones, “sólo un 51% de las personas con discapacidad intelectual privadas de libertad contaban con un certificado que acreditara su discapacidad”, lo que significa que han pasado desapercibidas para todos los sistemas de protección: sanitario, educativo, social, etc.
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