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Anticorrupción pide casi 4 años de cárcel por estafa al perito de Rato, que lleva la defensa de la pareja de Díaz Ayuso

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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción interesa una pena de 3 años y 11 meses de cárcel para Carlos Neira, el perito fiscal que asesoró al exministro Rodrigo Rato en la causa relativa a su patrimonio, por un delito de estafa procesal en concurso con un delito de falsedad en documento oficial, por la redacción de informes periciales en los que realizó presuntamente “manipulaciones” para rebajar las cantidades defraudadas por su cliente. Coincide que Neira es el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa por presuntos delitos fiscales.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público explica que en dos informes periciales “se realizaron manipulaciones (…) a fin de introducir en el procedimiento datos bancarios y financieros falaces que crearon una realidad ficticia ante el instructor y ante el resto de partes”.

El objetivo de Neira, explica, era utilizar documentación manipulada para “rebajar estas cantidades anulándolas o poniéndolas por debajo del umbral delictivo del artículo 305 del Código Penal”.

Por estos hechos, la Fiscalía interesa además una multa de 330.000 euros y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y para el ejercicio de actividades de asesoramiento en materia contable, fiscal y jurídica por 3 años y 11 meses. Además pide condenar a la empresa para la que trabaja Neira, Garrido Asesores Fiscales SL, con una multa de 3,5 millones de euros y con la prohibición de realizar informes periciales tributarios durante 5 años.

LOS INFORMES PERICIALES DEL ‘CASO RATO’

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Anticorrupción señala en su escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid que Neira actuó como perito de la defensa de Rato –que fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a la pena de 4 años, 9 meses y 1 día de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares–.

Y que en esa situación “confeccionó y firmó” dos informes periciales fechados el 21 de marzo de 2016 y el 7 de junio de 2017 relativos “a la comisión de delitos fiscales por varios ejercicios fiscales, resultando en la denuncia que la suma de cuotas presuntamente defraudadas era de 2.369.054 euros”.

“En los dos informes se hacían análisis de tractos de dinero en las cuentas del investigado Rato en el exterior, a fin de concluir la corrección de su Declaración Tributaria Especial (Modelo 750) conocida como ‘amnistía fiscal’ a la que éste se había acogido y que fue presentada ante la Agencia Tributaria el 30 de noviembre de 2012”, recuerda.

Apunta que esos dos informes “fueron unidos a las diligencias judiciales en virtud de sendos escritos presentados por la defensa de Rato” y en ellos “se rebatían las cuotas establecidas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), nombrada auxilio judicial, argumentando que dicha unidad había cometido gravísimos errores que afectaban drásticamente a la cuantificación de la supuesta deuda tributaria”.

En el escrito, el fiscal del caso resalta que ese objetivo de minorar las cuotas defraudadas por Rato no fue alcanzado porque el exministro acabó yendo a juicio y fue condenado.

LAS CANTIDADES “MANIPULADAS”

El fiscal explica las “manipulaciones llevadas a cabo con pleno conocimiento” de Neira y destaca así que “tachó, por sí mismo o a través de un colaborador, una transferencia de 700.000 dólares de 7 de marzo de 2008 en la cuenta titulaba por la sociedad Red Rose Financial Enterprises en el BSI de Ginebra.

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Sostiene que también “tachó” la primera línea del extracto bancario de 30 de junio de 2008 en la cuenta que titulaba la sociedad Red Rose Finantial II en la entidad BSI de Bahamas, y que correspondía a una entrada de dinero cuyo importe se desconoce, pero gracias al cual se financiaron diversas adquisiciones de activos financieros por importe total de 453.577 euros.

A estas dos acciones suma un tercer tachón en la última línea del extracto bancario de 30 de junio de 2008 en la cuenta de esa misma empresa en el BSI de Bahamas, y que correspondía a una operación de 15 de marzo de 2008.

Una cuarta manipulación de documentos, dice el fiscal, tuvo lugar en su informe de 7 de junio de 2017 donde presentó “una fotocomposición correspondiente a la adquisición de dos activos financieros”.

“La adquisición de los 234.783 valores no figura en ninguno de los documentos de los dos informes periciales de Neira y tuvo que utilizarse por el acusado a fin de realizar la fotocomposición, un documento localizado en una de las entradas y registros practicadas”, explica.

EL PAPEL DE GARRIDO ASESORES

Por otro lado, sobre la asesoría para la que trabaja Neira, el fiscal señala que “permitió, por una grave falta de control, que el acusado confeccionara para su presentación en el juzgado (…) unos informes periciales que se sustentaban en documentación bancaria manipulada por él mismo”.

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Y afea que no tenga “modelos documentados de organización y gestión con medidas concretas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión de presuntos comportamientos de engaño en un proceso penal mediante falacias documentales”. Añade que tampoco “ha acreditado documentalmente que algún órgano, externo o interno de la sociedad, vigile el cumplimiento de la inexistente norma de prevención”.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que Neira ya ha recurrido su procesamiento por esta causa y argumentan que en ese recurso sostiene que ya en la sentencia contra Rodrigo Rato el tribunal reconoce que los documentos de trabajo de Neira estaban íntegros en la causa desde las entradas y registros.

“En la documentación obrante sí está el documento en el que consta la transferencia (…) y por lo tanto está desde el inicio de las actuaciones”, indica en un extracto del recurso al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

Y prosigue citando a la sentencia de Rato que “no cabe entender que esos ingresos en cuentas del BSI Ginebra (…) tengan un origen desconocido y supongan por tanto un incremento patrimonial no justificado de Rodrigo Rato”.

Tras esto, las fuentes jurídicas consultadas señalan que, si los documentos completos están en la causa desde las entradas y registros a Rato, y luego se aportó por la defensa la documentación bancaria completa del exministro, las notas con tachones de Neira no pueden ser una estafa procesal.


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