Incide en “evitar intereses contrapuestos”, la doble condición de defender a un cargo de Transportes y una eventual acusación
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía Anticorrupción ha avisado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de “posible incompatibilidad” de la Abogacía del Estado en el ‘caso Koldo’, en el que ha asumido la defensa del subsecretario de Estado de Transportes investigado, Jesús Manuel Gómez, por si más adelante quisiera personarse como acusación particular “ante el eventual delito contra la hacienda pública”.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Alejandro Cabaleiro señala que no se opone a que el subsecretario de Transportes elija la defensa que considere oportuna, pero advierte del choque de intereses en el que podrían incurrir a futuro los servicios jurídicos del Estado.
“Si bien actualmente no ha sido interesada la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular ante el eventual delito contra la hacienda pública, a efectos de evitar intereses contrapuestos de conformidad con el artículo 5 de la citada ley de Asistencia jurídica del Estado e Instituciones Públicas, se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos”, indica el fiscal.
Cabe recordar que la Fiscalía pidió citar a Gómez como investigado y que está llamado para ser interrogado el próximo 9 de septiembre. Así lo acordó el juez después de que el Tribunal Supremo confirmase la competencia de la Audiencia Nacional para instruir la causa, que también era reclamada por la Fiscalía Europea.
En esta causa, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 indaga en ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
Investiga, entre otros, a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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