Afirma que el informe Cremades “no es el informe de la Iglesia sino que es una herramienta para la Iglesia”
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha calificado de “lamentable, execrable y condenable” la cifra de en torno a mil casos de abusos sexuales a menores en la Iglesia que los obispos calculan tras analizar los informes del Defensor del Pueblo, del despacho Cremades & Calvo-Sotelo y de la propia Iglesia, y ha reconocido que este problema es “de la sociedad” pero tiene “un plus de gravedad” en el ámbito religioso de la Iglesia y otras confesiones.
“Es muy lamentable, es execrable, es condenable”, ha manifestado García Magán en una entrevista con Europa Press, tras recibir el Informe del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, del cual, los obispos han publicado algunos de sus datos este jueves. El informe Cremades recoge un total de 1.383 denuncias de abusos sexuales a menores en la Iglesia desde principios del siglo XX y “un mínimo de 2.056 víctimas”. Si bien, los obispos calculan, en base a todas las investigaciones realizadas, que los casos no superan los 1.000.
Frente a estos datos, el secretario general de los obispos ha advertido de que los abusos sexuales a menores son un problema “de la sociedad” aunque ha reconocido que en la Iglesia tienen “un plus de gravedad”.
“Ante este problema social, porque es un problema de la sociedad, de otros ámbitos, tiene un plus de gravedad en el ámbito religioso, de la Iglesia Católica y de otras confesiones, porque se exige un plus de coherencia de vida, un plus de ejemplaridad”, ha explicado.
También ha puntualizado que los abusos sexuales tienen igualmente “un plus de gravedad en el ámbito familiar” que es el “primer círculo de pertenencia como seres humanos”.
NO ENTRAR “EN UNA GUERRA DE NÚMEROS”
En todo caso, el secretario general de los obispos ha precisado que no quieren “entrar en una guerra de números”. “No es cuestión de que porque haya cien arriba, cien abajo, le quite gravedad al problema. Bastaría una persona para ser un caso muy grave. Entonces nos queremos centrar en cada caso, en cada persona para escuchar, para acoger, para reparar, para prevenir”, ha subrayado.
En todo caso, ha calificado la cifra que ellos estiman, de entorno a un millar de casos, de “muy lamentable, execrable, condenable”. Si bien, lo que considera “totalmente absurdo” son “otras cifras que se han dado al margen de estos informes, de cantidades de seis cifras” u otras que, a su juicio, son “fake news”.
Más allá de las extrapolaciones de la encuesta del Defensor del Pueblo, según la cual un 0,6% de la población española habría sufrido abusos en la Iglesia, García Magán cree que la “disparidad” entre las cifras de casos registrados por las distintas investigaciones sobre abusos “no es tan grande”.
“Otra cosa hubiera sido que un informe hubiera dado un número de seis cifras y otro, un número de tres cifras. No es tan grande y esa disparidad viene porque las metodologías han sido distintas. Las metodologías en la recepción de datos y en la tabulación de esos datos también”, ha insistido.
En concreto, sobre el Informe Cremades, que fue recibido el pasado fin de semana por los obispos y que la Conferencia Episcopal no ha hecho público en su totalidad, García Magán ha asegurado que “esto no es un punto y final” sino que “continúa una etapa” en el trabajo que está realizando la Iglesia en la lucha contra los abusos. Ahora, analizarán los datos aportados y los integrarán en su trabajo. De hecho, ya han integrado algunas de las aportaciones del bufete en la última versión de su informe ‘Para dar luz’, que han difundido este jueves.
“El informe de Cremades es un elemento más, es un elemento más que se nos añade para ese trabajo que ha sido pedido por la Iglesia. Entonces, el informe del despacho Cremades & Calvo-Sotelo no es el informe de la Iglesia sino que es una herramienta para la Iglesia, una herramienta y es una herramienta más pedida por nosotros, pagada por nosotros”, ha añadido. En concreto, ha señalado que esta auditoría les ha costado, por el momento, 1,2 millones de euros.
NO ACTUARÁN FRENTE AL RETRASO, “A FECHA DE HOY”
En este sentido, aunque ha puesto en valor que en el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo “han estado trabajando personas cualificadas”, ha precisado que “lamentablemente, el retraso (de nueve meses) afecta a las víctimas” y crea una “dificultad” para el trabajo de la Iglesia. A fecha de hoy, la Conferencia Episcopal no se plantea tomar medidas legales por este retraso, según ha puntualizado García Magán.
Además, desde la Conferencia Episcopal creen que el informe Cremades ha caído en “duplicidades” a la hora de contabilizar el número de casos de abusos. En concreto, consideran que, de los más de 1.300 casos mencionados en el Informe Cremades, habría unos “300 casos duplicados” ya que la auditoría suma los 305 casos remitidos por el dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, que serían los mismos que las oficinas de las diócesis ya enviaron a la Santa Sede.
En todo caso, aunque la CEE estime que el número de casos no supera el millar, también advierte de que no es una cifra cerrada porque el número total de casos testimoniados no representan al total de víctimas ya que hay víctimas que han fallecido y otras víctimas que no han querido revelar los hechos. También ha añadido que hay que respetar a cada persona.
“Hay que respetar si una persona quiere ir a la oficina diocesana, otros han querido ir al Defensor del Pueblo, otros incluso se han querido ir a un periódico. Cada uno gestiona ese trauma, ese dolor”, ha subrayado.
FONDO DE COMPENSACIÓN PARA “TODAS” LAS VÍCTIMAS
Sobre el fondo de compensación de víctimas propuesto por el Defensor del Pueblo, y en el que los obispos dijeron que solo participarían si se extendía al resto de víctimas, ha insistido en este fondo debería ser para todas las víctimas de abusos, también de otros ámbitos.
“Si se trata solo de reparar a las víctimas de la Iglesia, lo gestionaremos nosotros ese fondo, como ya de hecho ha ocurrido, ya ha habido congregaciones religiosas que han reparado a las víctimas”, ha precisado. Además, ha recordado que también se han pagado indemnizaciones a raíz de sentencias judiciales.
Si bien, García Magán ha señalado que “no” tienen cuantificada la cantidad que podría gestionar este fondo de la Iglesia porque hay indemnizaciones que las fija el juez y, además, porque “la primera responsabilidad de esa reparación es la del victimario” y, después, “subsidiariamente, de la institución de la Iglesia a la que pertenece”.
Otro caso, según ha precisado, es el de aquellos en los que no hay sentencia judicial, bien porque ha fallecido el victimario, bien porque ha prescrito desde el punto de vista civil. En estas situaciones, ha reiterado que están “dispuestos a analizar cada caso” y que, si llegan a “la certeza moral, a la convicción” de que ha ocurrido el abuso, también se realizará dicha reparación.
García Magán ha remarcado que lo que quieren desde la Iglesia es “erradicar esta lacra” de los abusos pero ha insistido en que para ello tiene que “implicarse toda la sociedad, por supuesto también la Iglesia”. Asimismo, ha añadido que la Iglesia pone a disposición de todas las instituciones, confesiones y organismos que lo deseen todo el trabajo que han realizado hasta el momento.
“Nosotros estamos dispuestos a colaborar con quien sea”, ha remarcado el secretario general de la Conferencia Episcopal, recordando que todos los materiales están disponibles en su web. “Nuestra experiencia, nuestro camino lo hemos ofrecido a otras confesiones cristianas, a otras religiones, también dijimos que a otros ámbitos sociales, si quieren, también estamos dispuestos”, ha zanjado. También ha asegurado que su premisa es de “colaboración total con la autoridad judicial”.
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