El expresidente catalán está demandado, pero comparecerá como testigo a petición de otra de las defensas, no puede hacerlo a petición de la suya
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont comparecerá como testigo ante el Tribunal de Cuentas en el juicio por el procedimiento que se sigue contra una treintena de excargos del Govern –incluido él mismo– por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcada en el ‘procés’. No se ha especificado la forma en la que declarará.
En la audiencia previa celebrada este viernes, la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, ha acordado la testifical de Puigdemont, aunque no a petición de la defensa del dirigente –a cargo de Gonzalo Boye–, sino de otra de las partes como elemento de prueba de cara al juicio.
Fuentes del órgano fiscalizador han precisado a Europa Press que la normativa del tribunal no permite a la consejera acceder a que un abogado llame a declarar a su defendido. En este caso, como otra de las partes ha pedido la comparecencia de Puigdemont, la consejera ha aceptado que éste declare. Así, el expresidente catalán declarará en calidad de testigo y no de demandado.
Por su parte, la consejera ha rechazado la solicitud de que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparezca en el juicio. El abogado de Puigdemont ha pedido su citación toda vez que “certificó la corrección de las cuentas públicas”. La consejera ha dicho que “no es pertinente ni necesaria”.
Al margen, se ha pronunciado sobre otras peticiones de prueba. Ha accedido a preguntar a la Generalitat de Cataluña si se abonaron una serie de facturas para acreditar la “inexistencia de daño” que alegan las defensas.
RECHAZA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO
En el marco de la vista, la consejera ha desestimado el argumento de la defensa de Puigdemont de que el procedimiento debe suspenderse por su inmunidad como eurodiputado. “No estamos en un procedimiento sancionador, no estamos planteando ninguna imposibilidad de movilidad ni ningún tipo de sanción en la que se mueve la inmunidad parlamentaria, sino simplemente una restitución, en caso de advertir que haya un menoscabo en los fondos públicos. Nada más y nada menos”, ha señalado.
El abogado de Puigdemont ha defendido al inicio de la audiencia que “la continuación del procedimiento sin el suplicatorio es una vulneración de la inmunidad y eso genera una nulidad respecto a este procedimiento”.
Boye ha incidido en que lo mismo aplicaría para los exconseller Toni Comín y Clara Ponsatí. “No se debería continuar con este procedimiento al menos en lo que respecta a ellos tres”, ha señalado.
En su turno de palabra, la Fiscalía ha subrayado que defender dicha inviolabilidad “resultaría contrario al propio derecho de la Unión Europea, que establece que la inmunidad no es un privilegio personal del diputado sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto”.
La defensa ha mostrado su oposición a la decisión de la consejera del Tribunal de Cuentas y ha presentado recurso. “El único órgano con capacidad suficiente para determinar la inmunidad de mis defendidos es el Parlamento Europeo”, ha dicho Boye. La consejera, sin embargo, ha mantenido su postura y ha desestimado el recurso.
FISCALÍA REBAJA EN 336.143,34 EUROS SU DEMANDA
Al margen, este viernes la Fiscalía ha rebajado en 336.143,34 euros la demanda contra la treintena de excargos de la Generalitat de Cataluña –incluidos Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras– en la que reclamaba 3,4 millones de euros de forma conjunta y solidaria en concepto de responsabilidad contable por el presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del ‘procés’.
La rebaja responde a que el Ministerio Público ha desistido de reclamar el importe correspondiente a una presunta irregularidad en la campaña ‘Civisme’. Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce también la acusación, se ha adherido al movimiento de la Fiscalía y ha rebajado su demanda en dicho importe, por lo que quedaría en 5 millones de euros.
Tras dicho cambio, Jaume Mestre, quien fuera responsable de difusión de la Generalitat, se ha visto apartado del procedimiento toda vez que se ha declarado el sobreseimiento parcial para él porque solo se le atribuía la irregularidad relativa a la campaña de ‘Civisme’ a la que han renunciado la Fiscalía y SCC.
En concreto, el Ministerio Público ha modificado la demanda que presentó el pasado abril contra 35 ex cargos del Govern, donde además pedía apartar a los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otras 14 personas, de la lista de posibles responsables contables, una petición a la que finalmente accedió el tribunal.
En su demanda, la Fiscalía rebajó las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el Tribunal de Cuentas a 3,4 millones de euros: 2,2 millones relativos a los gastos de acción exterior y 1,2 millones vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Ahora, tras la rebaja anunciada este viernes, el importe reclamado quedaría en 3,1 millones.
Por su parte, SCC presentó demanda contra 11 ex altos cargos del Govern, entre los que incluye también al expresidente catalán Artur Mas, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. En su caso, les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable, cifra que ahora se ve disminuida tras reducir en 336.143,34 euros su demanda.
Cabe recordar que, inicialmente, el TCu fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas ’embajadas catalanas’ y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como ‘Diplocat’, y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al 1-O. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones.
LAS ALEGACIONES DE LAS DEFENSAS
En la audiencia previa de este viernes, las partes han planteado las “excepciones procesales” que han estimado oportunas. Las acusaciones han rebajado su demanda y las defensas han planteado una serie de cuestiones para pedir al tribunal que no siga adelante con el procedimiento. Han alegado, entre otros, la falta de jurisdicción del órgano fiscalizador, la nulidad de la causa en fases previas y la inmunidad de tres de los encausados que son eurodiputados.
Asimismo, han alegado la falta de legitimación de Sociedad Civil Catalana como demandante y la incompatibilidad de que el Tribunal de Cuentas siga un procedimiento cuando el Tribunal Supremo ya juzgó a varios de los encausados y cuando el propio Tribunal de Cuentas ya abordó la responsabilidad contable de algunos demandados por el 9-N.
Por su parte, la defensa de Junqueras –a cargo del letrado Marc Marsal Ferret– ha mostrado su oposición a la demanda de SCC al considerar que ha hecho una “ampliación” de su escrito inicial. Así, ha incidido en que la acusación al principio reclamó la responsabilidad contable relativa al referéndum del 1 de octubre de 2017 y finalmente incluyó también la relativa a los gastos por la acción exterior de la Generalitat.
La delegada ha resuelto varias de estas cuestiones este mismo viernes. Ha asegurado que no aprecia que exista una ampliación indebida de la demanda de Sociedad Civil Catalana. “SCC lo que ha hecho es explicar el origen de los fondos”, ha señalado.
Además, ha desestimado el argumento de que el Tribunal de Cuentas carece de jurisdicción para llevar a cabo el procedimiento contra los encausados. Según ha dicho, la competencia del órgano fiscalizador “no puede ser discutida” porque se trata de un asunto de responsabilidad contable. Algunas de las cuestiones planteadas las resolverá en un auto en los próximos cinco días.
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