Quiere fondos para las CC.AA con competencias en materia de justicia e incrementar plazas de especialistas en violencia sobre la mujer
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para “revertir las nefastas consecuencias que tendrá la ley de eficiencia del servicio público de la Justicia para las mujeres víctimas de violencia de género”.
Los ‘populares’ critican que la ley de eficiencia de la justicia establece que los Juzgados de Violencia de Género asuman todas las formas de violencia contra la mujer, –incluidas la trata, la mutilación femenina, los delitos contra la libertad sexual, el matrimonio forzoso o el impago de pensiones–, “sin que se hayan incrementado los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar esta carga adicional”.
“Esta situación supondrá un colapso de los juzgados y una pérdida de derechos de las víctimas de violencia de género, lo que puede desincentivar la interposición de denuncias”, asegura el PP.
Según se desprende de la iniciativa, el PP quiere dejar sin contenido la letra h del apartado 5 del artículo 89 de la ley del Poder Judicial, que establece que las Secciones de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal. Así, se trata de delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer.
Igualmente, quiere eliminar la letra h del apartado 5 del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica que las Secciones de los Tribunales de Instancia con competencia en materia de violencia sobre la mujer conocerán los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal.
En cuanto a los concursos para la provisión de plazas en las Secciones de Violencia sobre la Mujer y de lo Penal especializados en Violencia sobre la Mujer de los Tribunales de Instancia, el PP solicita que se cubran con magistrados que hayan prestado más tiempo de servicio, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la convocatoria. En concreto, pide que estos hayan estado en Juzgados o Secciones de Violencia sobre la Mujer en Tribunales de instancia o, en Juzgados de lo Penal o Secciones de lo Penal de Tribunales de instancia con competencia en materia de violencia sobre la mujer o en órganos colegiados con competencia en materia de violencia sobre la mujer.
Asimismo, el PP quiere eliminar del apartado 3 de la disposición final trigésima octava de la ley de eficiencia de justicia, que la atribución de competencias en materia de violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como las modificaciones del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entren en vigor a los nueve meses de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los ‘populares’ añaden en una disposición adicional primera que el Consejo General del Poder Judicial desarrollará, en el plazo máximo de tres meses, desde la entrada en vigor de la ley, la normativa reglamentaria de las pruebas de especialización previstas en los apartados 7 y 8 del artículo 329 de la Ley del Poder Judicial.
TRES MESES PARA INCREMENTAR SECCIONES DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
También solicita al Ejecutivo que, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, incremente el número de secciones de violencia sobre la mujer, tanto de los nuevos tribunales de instancia, como de las audiencias provinciales, o el refuerzo de las ya existentes, “con más medios materiales y humanos”.
En esta misma línea, demanda al Gobierno que destine “de forma preferente” los recursos económicos suficientes dirigidos a proporcionar las dotaciones necesarias en las secciones de tribunales de instancia y en las secciones de violencia sobre la mujer de las Audiencias provinciales. Además, pide que incremente convocatorias y plazas de jueces y magistrados especialistas en violencia sobre la mujer.
Del mismo modo, quiere que consigne “urgentemente” fondos para “compensar” a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia “para que puedan afrontar los costes de los diversos cambios normativos que determinan una generalizada transformación de la organización de la justicia”.
En este sentido, reclama un refuerzo de la formación especializada sobre violencia contra la mujer. Para ello, el PP quiere que en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, y después de forma periódica, el Consejo General del Poder Judicial convoque un curso especializado sobre las distintas formas de violencia contra la mujer. Además, pide que el Gobierno promueva de igual modo la convocatoria de cursos de formación especializada para los miembros del Ministerio Fiscal.
Finalmente, indica que la presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, excepto las medidas que impliquen un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente, que no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, hasta el ejercicio presupuestario siguiente a la entrada en vigor.
- Te recomendamos -
