MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha apelado al “consenso” que se “construyó” para reformar, hace un año, el artículo 49 de la Constitución Española y eliminar el término disminuido de la Carta Magna, para llevar a cabo ahora la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, y ha advertido de que el consenso “no es ausencia de conflicto”.
“En una democracia, el consenso nunca es algo que venga dado, hay que construirlo. Y en una democracia el consenso también se construye a través y por medio de la confrontación de opiniones, del intercambio, a veces del enfrentamiento de posiciones. Lo importante es construirlo, es llegar a él, el consenso no es ausencia de conflicto”, ha subrayado Bustinduy.
Así se ha pronunciado el ministro este jueves en el acto ‘Discapacidad con Derechos, desplegar el Artículo 49’, organizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con motivo del aniversario de la aprobación de la reforma de la Constitución Española en favor de las personas con discapacidad. El evento, presentado por el director de Discapacidad del Gobierno, Jesús Martín Blanco, se ha celebrado en el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC).
Por ello, ha pedido ese “mismo consenso” ahora para la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad con las que, según ha afirmado, quieren “aterrizar” el mandato de ese artículo 49. “Es la hora de desplegarlo, de aterrizarlo y de construir el mismo consenso que hizo posible la reforma del artículo 49, esto no debe ser, no puede ser patrimonio ni signo de identidad de ninguna formación política, de ninguna orientación ideológica, esto es un avance del país en su conjunto”, ha remarcado.
Esta reforma, según ha dicho, supondrá, entre otros avances, que las personas con discapacidad no puedan ser discriminadas a la hora de contratar un seguro, que la accesibilidad sea un derecho universal o que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las administraciones públicas a ofrecer ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas.
“Es ahora cuando vamos a ir dotando de pleno sentido a esta reforma de la Constitución, que ya es un hito histórico”, ha manifestado el ministro en referencia al anteproyecto, aprobado esta semana en Consejo de Ministros.
Además, en referencia a la polémica que ha habido esta semana en torno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el ministro ha indicado que le produce “una gran tristeza” que los avances sociales que han aprobado “hayan quedado eclipsados por otras cuestiones menores” y ha afirmado que “es sano que haya una discusión pública” si se avanza “hacia un horizonte compartido”, al tiempo que ha diferenciado entre “la confrontación como mero ruido mediático y el debate como herramienta para el cambio”.
Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha declarado que, hace un año, España “enmendó un error que había durado demasiado tiempo”, mencionando el hecho de que la Constitución Española se refiriera a las personas con discapacidad como “disminuidas”.
Según ha recordado, en los periódicos de los años 60 y 70 del siglo XX se podían leer titulares en los que se usaban términos como “mongólicos”, “subnormales” o “dementes”. “El lenguaje nunca es inocente”, ha advertido.
En este sentido, ha subrayado que, gracias a esta reforma, la Carta Magna “es hoy más justa e igualitaria” y se ha impulsado su esencia, que “es garantizar la dignidad y el libre desarrollo personal de cada ciudadano o ciudadana de este país”.
En todo caso, a pesar del consenso logrado, Torres ha recordado que “no todo el mundo remó en la misma dirección” para aprobar la reforma del artículo 45, en referencia a “la ultraderecha” que, a su juicio, “añora tiempos terribles”.
“Ese 18 de enero del pasado año, la ultraderecha rechazó esa modificación. Le debe parecer bien que a las personas con discapacidad se le siga llamando disminuida. O que los migrantes queden relegados, o que no se devuelvan a sus propietarios los bienes expoliados por el totalitarismo”, ha zanjado.
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