Apunta a una campaña de los rebeldes para castigar y humillar a supuestos seguidores de las FLDR y los mai-mai
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) habría estado detrás de la ejecución de al menos 20 personas y habría violado a más de 60 mujeres y niñas en el marco de sus ofensivas en el este de República Democrática del Congo (RDC), según ha denunciado este viernes la organización no gubernamental Amnistía Internacional.
La ONG ha apuntado que supervivientes y otros testigos han relatado que, entre el 21 y el 30 de noviembre de 2022, miembros del grupo rebelde ejecutaron de forma sumaria a 20 personas y violaron a 66 mujeres y niñas, principalmente en la localidad de Kishishe, donde el Gobierno de RDC acusó al M23 de cometer una matanza.
Amnistía ha resaltado que las informaciones recabadas apuntan a que estas acciones eran parte de una campaña de los rebeldes para castigar y humillar a civiles considerados como seguidores de grupos rivales armados, incluidas las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) –un grupo armado rebelde fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994 en Ruanda– y los mai-mai.
“Desde estos ataques, los supervivientes han estado viviendo en un estado de terror y máxima indigencia. Si bien algunas supervivientes de violación recibieron atención médica básica en instalaciones sanitarias comunitarias, la mayoría necesitan urgentemente atención médica y psicológica, así como asistencia humanitaria”, ha dicho el director de la ONG para África oriental y meridional, Tigere Chagutah.
Así, los entrevistados por la organización han indicado que los milicianos fueron casa por casa después de hacerse con el control de Kishishe y ejecutaron a los hombres adultos, al tiempo que violaron, en algunos casos en grupo, a mujeres y niñas. Entre ellas figura Aline, violada en grupo el 29 de noviembre junto a otras seis mujeres que intentaron esconderse en su casa.
“Atravesaron las puertas del complejo y rodearon a todos los hombres presentes, siete en total, a los que mataron. Cinco soldados nos violaron luego a seis mujeres y a mí. Nos llamaron esposas de las FDLR”, ha dicho Aline.
Eugenie ha contado una experiencia similar tras ser violada apenas un día después por tres miembros del M23 –integrado por tutsis congoleños– frente a una iglesia en la que había buscado cobijo junto a su familia tras los combates en Kishishe. “Dijeron que todos éramos de las FDLR. Separaron a los hombres y los fusilaron, incluidos mi esposo y mis dos hijos. Tres soldados del M23 me llevaron detrás de la iglesia e hicieron turnos para violarme. Pensé que no sobreviviría”, ha manifestado.
Otra mujer que fue violada frente a esta misma iglesia ha señalado que vio muchos cuerpos de hombres ejecutados en el lugar. “Conté hasta 80 cuerpos de hombres que fueron fusilados por soldados del M23 en la iglesia. Nunca había visto tantos cadáveres. Me desmayé antes de poder contarlos todos”, ha aseverado.
Amnistía ha apuntado que de las trece supervivientes que han dicho que fueron violadas durante estos dos días, doce agregaron que sus esposos e hijos adultos fueron asesinados a sangre fría.
Immaculée ha denunciado que milicianos del M23 “hicieron turnos” para “violarla brutalmente en presencia de sus aterrorizados hijos pequeños”. “Después de violarme, se llevaron todas las cosas de valor y mis dos cabras. Hemos encontrado refugio, pero nos falta de todo. Sobrevivimos por la buena voluntad de gente que no tiene mucho para ellos mismos. He sobrevivido a la violación, pero no sé si mis hijos y yo sobreviviremos al hambre”, ha subrayado.
Entre los casos denunciados figura también el de Mupenzi, violada el 21 de noviembre en Bambo después de que miembros del M23 ejecutaran a su marido. “Me dirigí al centro de salud y recibí analgésicos, pero he estado sufriendo desde entonces un gran dolor de espalda y de estómago. La enfermera jefe del centro de salud me dijo que no podían hacer más por mí porque carecen de equipamiento y especialistas”, ha lamentado.
En este sentido, un trabajador sanitario entrevistado a mediados de diciembre ha confirmado que faltan “doctores, equipamiento y suministros médicos”. “Incluso los kits de profilaxis posexposición (PEP) –medicamentos contra el VIH que se toman dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición al virus– han sido agotados, sin perspectivas de reposición. La situación es insostenible”, ha añadido.
Chagutah ha lamentado además que las autoridades de RDC no hayan investigado “de forma efectiva” las acusaciones sobre ejecuciones sumarias, violaciones y otros crímenes internacionales en relación con las ofensivas del M23, antes de incidir en que “su incapacidad para que los responsables rindan cuentas muestra un total desprecio a las víctimas”. Amnistía ha reseñado que las acciones de los rebeldes en el área de Kishishe equivalen a crímenes de guerra.
“Las autoridades de RDC, con apoyo internacional, también a través de procesos políticos encabezados por la Comunidad Africana Oriental (EAC) y la Unión Africana (UA), deben hacer que los responsables de estos crímenes atroces rindan cuentas para hacer justicia a las víctimas. Deben dar urgentemente todos los pasos necesarios para garantizar que los supervivientes de estos crímenes reciben rápidamente atención médica adecuada y asistencia humanitaria”, ha remachado.
ACUSACIONES DE NACIONES UNIDAS
La Misión de Naciones Unidas en RDC (MONUSCO) desveló en diciembre que una “investigación preliminar” había permitido confirmar que “los rebeldes del M23 mataron al menos a 131 civiles –102 hombres, 17 mujeres y doce niños– en actos de represalias contra la población civil entre el 29 y el 30 de noviembre en Kishishe y Bambo”, ambas situadas en la provincia de Kivu Norte.
“Las víctimas fueron ejecutadas de forma arbitraria a tiros o con armas blancas. Otras ocho personas resultaron heridas y 60 fueron secuestradas. Al menos 22 mujeres y cinco niñas fueron violadas”, manifestó, antes de incidir en que “esta violencia fue cometida en el marco de una campaña de asesinatos, violaciones, secuestros y pillajes contra estas dos localidades en el territorio de Rutshuru en represalia por los enfrentamientos entre el M23 y las FDLR y grupos armados mai-mai”.
En respuesta, el M23 rechazó las acusaciones y se mostró “atónito” por “descubrir que una organización del calibre de la MONUSCO puede realizar un trabajo tan chapucero”. Así, denunció el “genocidio” en zonas bajo control del Gobierno y la decapitación de varias personas a manos del Ejército y grupos a los que supuestamente Kinshasa da apoyo, entre ellos la FDLR.
“La MONUSCO dice que estos sucesos tuvieron lugar de forma simultánea el 29 de noviembre en Kishishe y Bambo, pero desde el 21 de noviembre no ha habido combates en Bambo”, sostuvo. “El M23 no da credibilidad al contenido del comunicado, lo rechaza y pide a la ONU que haga lo mismo, dado que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en RDC ha provocado la pérdida de reputación de la organización al alinearse con la coalición gubernamental”, señaló.
El M23 ha sido acusado desde noviembre de 2021 de llevar a cabo ataques contra posiciones del Ejército en Kivu Norte, a pesar de las autoridades congoleñas y el M23 firmaron en diciembre de 2013 un acuerdo de paz tras los combates registrados desde 2012 con el Ejército, que contó con apoyo de tropas de Naciones Unidas.
La situación ha provocado un repunte de las tensiones entre RDC y Ruanda, que acusa a Kinshasa de respaldar a las FDLR y permitir que ataquen a tutsis congoleños. Expertos de Naciones Unidas afirmaron en un reciente informe que las autoridades ruandesas mantienen una “intervención directa” en el país africano a través de su apoyo al grupo y apuntaron a una “colusión” entre el Ejército, las FLDR y las milicias mai-mai.
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