MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
Amnistía Internacional (AI) denunció este miércoles “el abandono, la impunidad y la opacidad casi tres años después” de las en torno a las 35.000 muertes ocurridas en residencias de personas mayores a causa de la covid-19 y alertó de que tal situación podría repetirse en la actualidad.
En nota de prensa, criticó la inacción de Gobierno central, ejecutivos autonómicos, Fiscalía General del Estado, Congreso de los Diputados, Consejo General del Poder Judicial y Defensor del Pueblo, y exigió la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas.
“Casi tres años después del inicio de la pandemia y del decreto sobre el estado de alarma, con 35.000 fallecimientos de personas mayores de residencias, el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del Estado”, subrayó AI.
La ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia continúa hoy en día y no hay perspectivas de que vaya a cambiar, insistió. “Esta opacidad” se refiere también a lo que sucedió con las instrucciones y los protocolos discriminatorios que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria.
Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores que vivían en residencias (vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna). Hasta la fecha, “nadie ha rendido cuentas por ello”, denunció Esteban Beltrán, director de AI España. “Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma”, advirtió.
TENDENCIA GENERALIZADA
A su juicio, “las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias, así como de garantizar el acceso de las víctimas y sus familiares a un recurso judicial que sea efectivo”.
“Ni el Gobierno central, ni los autonómicos, ni el Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni la Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas, cuyos derechos han sido violados”, declaró Beltrán.
En concreto, criticó “la opacidad de la Fiscalía General del Estado, que tres años después del inicio de la pandemia no ofrece datos de acceso público del total de diligencias penales en las que ha intervenido”, ni tampoco informa en qué consistió su actuación. Tampoco existe información que permita saber ni en cuántas de ellas se ha solicitado declaración de las familias ni en cuántas se ha planteado la reapertura por una insuficiente investigación previa.
Según AI, “la ausencia de datos consolidados (cuantitativos y cualitativos) constituye una barrera para analizar correctamente lo sucedido y evaluar si es necesario un reexamen de algunos de los casos en los que haya existido una investigación insuficiente”.
MODELO DE RESIDENCIAS
El nuevo modelo residencial se aprobó el pasado junio de 2022, con una valoración negativa de las plataformas de familiares. En opinión de AI, el acuerdo alcanzado tiene algunos aspectos positivos, como establecer unos criterios comunes de recursos materiales y ratios de personal, asegurar la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias, proporcionar formación continua del personal de cuidados o desarrollar programas de inclusión de perspectiva de género del personal. Sin embargo, consideró que “podría mejorar en cuestiones como la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud o la recogida unificada de datos”.
A la organización le preocupa especialmente que se haya eliminado el mínimo de inspectores por centro que planteaban borradores previos y que no se garantice el anonimato de las denuncias.
Tras el acuerdo alcanzado, “es responsabilidad de los gobiernos autonómicos implementar el nuevo modelo”.
Por ello, Amnistía instó a las Comunidades Autónomas a garantizar que se respetan los derechos humanos de las personas residentes y asegurar una adecuada dotación de recursos económicos y humanos.
TÍMIDOS AVANCES
“El único paso positivo” es, a su juicio, que el oficio remitido por la Fiscalía el pasado octubre pedía garantizar que las familias fueran escuchadas en las investigaciones aún abiertas, así como asegurar que los fiscales asisten a la toma de declaración de familiares, personas investigadas y testimonios relevantes. Sin embargo, “la medida resulta limitada si no incluye también los casos archivados en su momento, que deben reexaminarse y valorar si se investigó lo suficiente, y especialmente tener en cuenta los testimonios de familiares”, detalló.
SIN EXCUSAS
Por otro lado, AI pidió a las autoridades que “no se excusen en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones de derechos humanos con las 35.000 personas mayores que han fallecido y sus familias”. A nivel autonómico, “todos los intentos” de investigar “han sido obstaculizados de forma generalizada por los partidos gobernantes, sin importar el signo político”, recalcó AI.
En la actualidad, solo continúa activo un Grupo de Trabajo en el Parlamento de Cataluña, que tiene por objeto analizar lo sucedido y debatir sobre un nuevo modelo residencial.
“Pese a la extrema gravedad de lo ocurrido en las residencias”, denunció que el Defensor del Pueblo no tuvo un papel activo investigando lo sucedido. De hecho, Amnistía Internacional solicitó al Defensor la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades, sin que hasta el momento la Defensoría lo haya considerado prioritario.
Agregó que el Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales. Ni lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, apuntó. Ello contribuye a la falta de información y transparencia.
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