MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
Amnistía Internacional denunció este miércoles “el abandono, la impunidad y la opacidad casi tres años después” de las en torno a las 35.000 muertes ocurridas en residencias de personas mayores a causa de la covid-19, y alertó de que tal situación podría repetirse en la actualidad.
En nota de prensa, criticó la inacción de Gobierno central, ejecutivos autonómicos, Fiscalía General del Estado, Congreso de los Diputados, Consejo General del Poder Judicial y Defensor del Pueblo, y exigió la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas.
“Casi tres años después del inicio de la pandemia y del decreto sobre el estado de alarma, con 35.000 fallecimientos de personas mayores de residencias, el abandono sufrido por sus familiares y la impunidad permanecen de forma generalizada en las instituciones del Estado”, subrayó AI.
La ausencia de mecanismos y procedimientos adecuados para saber la verdad sobre lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia continúa hoy en día y no hay perspectivas de que vaya a cambiar, insistió. “Esta opacidad” se refiere también a lo que sucedió con las instrucciones y los protocolos discriminatorios que impidieron que miles de personas recibieran asistencia sanitaria.
Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores que vivían en residencias (vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna). Hasta la fecha, “nadie ha rendido cuentas por ello”, denunció Esteban Beltrán, director de AI España. “Es más, la situación podría repetirse hoy en día si la pandemia se recrudeciera y se decretara un nuevo estado de alarma”, advirtió.
TENDENCIA GENERALIZADA
A su juicio, “las autoridades han incumplido su obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones de derechos humanos sufridas por las personas mayores que vivían en las residencias, así como de garantizar el acceso de las víctimas y sus familiares a un recurso judicial que sea efectivo”.
“Ni el Gobierno central, ni los autonómicos, ni el Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado, ni la Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas, cuyos derechos han sido violados”, declaró Beltrán.
En concreto, criticó “la opacidad de la Fiscalía General del Estado, que tres años después del inicio de la pandemia no ofrece datos de acceso público del total de diligencias penales en las que ha intervenido”, ni tampoco informa en qué consistió su actuación. Tampoco existe información que permita saber ni en cuántas de ellas se ha solicitado declaración de las familias ni en cuántas se ha planteado la reapertura por una insuficiente investigación previa.
La Fiscalía ha emitido dos oficios solicitando información a las fiscalías provinciales en febrero y octubre de 2022, sin que por el momento se hayan hecho públicos informes de datos o actuaciones derivadas de estas. Según AI, “la ausencia de datos consolidados (cuantitativos y cualitativos) constituye una barrera para analizar correctamente lo sucedido, y evaluar si es necesario un reexamen de algunos de los casos en los que haya existido una investigación insuficiente”.
TÍMIDOS AVANCES
El único paso positivo es que el oficio remitido por la Fiscalía el pasado octubre pedía garantizar que las familias fueran escuchadas en las investigaciones aún abiertas, así como asegurar que los fiscales asisten a la toma de declaración de familiares, personas investigadas y testimonios relevantes. Sin embargo, la medida resulta limitada si no incluye también los casos archivados en su momento, que deben reexaminarse y valorar si se investigó lo suficiente, de conformidad con los criterios de la propia Fiscalía y estándares internacionales, y especialmente tener en cuenta los testimonios de familiares. La Fiscalía de Madrid ha emitido una instrucción en la misma línea, si bien es de una aplicación reducida a los casos todavía abiertos o que puedan abrirse de ahora en adelante.
En contadas excepciones se han logrado avances en las fiscalías provinciales. En Cataluña, la Fiscalía de Mataró abrió diligencias y presentó una querella el pasado abril de 2022 por homicidio imprudente, lesiones y maltrato contra el director y directora médica de una residencia durante la pandemia. Este caso constituye una muestra de que “cuando la Fiscalía quiere poner todos los medios a su alcance para realizar una investigación adecuada y eficiente y ampliar información, sí es posible hacerlo”.
En Madrid, un juez ha solicitado la comparecencia en calidad de testigos de Alberto Reyero, ex-consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, y de Carlos Mur, en aquel momento Director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos de exclusión de la derivación a hospitales.
Amnistía Internacional exige la reapertura de aquellos casos archivados para que se reexaminen y se valore adecuadamente si se investigó lo suficiente, incluyendo los testimonios de familiares.
AUTORIDADES DE PERFIL
Por otro lado, señaló que las autoridades no pueden excusarse en sus mayorías parlamentarias para evitar cumplir con sus obligaciones de derechos humanos con las 35.000 personas mayores que han fallecido y sus familias.
A nivel autonómico, todos los intentos han sido obstaculizados de forma generalizada por los partidos gobernantes, sin importar el signo político. En la actualidad solo continúa activo un Grupo de Trabajo en el Parlamento de Cataluña, que tiene por objeto analizar lo sucedido y debatir sobre un nuevo modelo residencial.
Pese a la extrema gravedad de lo ocurrido en las residencias, denuncia AI, el Defensor del Pueblo no tuvo un papel activo investigando lo sucedido. En el último informe anual disponible del año 2021, el Defensor plantea como preocupación la falta de datos homogéneos y otras cuestiones sobre el modelo de residencias, pero no menciona en absoluto los fallecimientos en residencias, a diferencia del informe anual 2020, que sí mostraba preocupación sobre el tema.
Amnistía Internacional ha solicitado al Defensor la realización de un monográfico de investigación sobre las muertes que incluya recomendaciones para autoridades, sin que hasta el momento la Defensoría lo haya considerado prioritario.
El Consejo General del Poder Judicial tampoco ha realizado seguimiento sobre si estas víctimas están consiguiendo acceso a la justicia como indican las normas internacionales: Ni lleva a cabo un cómputo de los casos en tribunales, ni ha incorporado en su estadística judicial un indicador de recogida de datos de actividad judicial que permita hacer seguimiento global de estas causas, contribuyendo así a la falta de información y transparencia.
MODELO DE RESIDENCIAS
El nuevo modelo residencial se aprobó el pasado junio de 2022, con una valoración negativa de las plataformas de familiares. En opinión de AI, el acuerdo alcanzado tiene algunos aspectos positivos, como establecer unos criterios comunes de recursos materiales y ratios de personal, asegurar la dignidad de trato y del ejercicio de derechos de las personas usuarias, formación continua del personal de cuidados, o programas de inclusión de perspectiva de género del personal.
Sin embargo podría mejorar en cuestiones como la coordinación con los servicios de asistencia sanitaria del sistema público de salud o la recogida unificada de datos. A la organización le preocupa especialmente que se haya eliminado el mínimo de inspectores por centro que planteaban borradores previos, dejándolo en manos de las comunidades autónomas, y que no se garantice que las denuncias sean anónimas.
Tras el acuerdo alcanzado, es responsabilidad de los gobiernos autonómicos implementar el nuevo modelo, garantizando que se respetan los derechos humanos de las personas residentes y asegurando una adecuada dotación de recursos económicos y humanos, concluye.
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