MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La Asociación de Medios de Información (AMI) ha presentado una demanda contra META, en representación de 83 medios de información españoles, “por su sistemático y masivo incumplimiento de la normativa europea de protección de datos durante el periodo comprendido entre el 25 de mayo de 2018 y el 31 de julio de 2023”, y reclama más de 550 millones de euros, según informó este lunes AMI.
AMI denuncia que el cien por cien de los ingresos por venta de publicidad segmentada de Meta, que es la sociedad titular de Facebook, WhatsApp e Instagram, se ha obtenido de forma ilegítima. Meta, dice AMI en un comunicado, “ha incumplido de forma reiterada la legislación comunitaria de protección de datos ignorando el requerimiento normativo de que los ciudadanos deben de consentir la utilización de sus datos para el perfilado de publicidad, según se desprende de las diferentes resoluciones de las autoridades europeas”.
En su demanda, los medios de información señalan que el comportamiento de Meta supone que “el cien por cien de los ingresos del gigante tecnológico derivados de la venta de publicidad segmentada han sido obtenidos de una forma ilegítima. La utilización sistemática y masiva de datos personales de los usuarios de las plataformas de Meta, rastreados sin su consentimiento en toda su navegación digital, habrían permitido a la compañía americana ofrecer en el mercado la venta de espacios publicitarios a partir de una ventaja competitiva ilegítimamente obtenida”.
El presidente de AMI, José Joly, destacó “la importancia de esta acción sin precedentes, que pone de manifiesto cómo el gigante tecnológico ha construido su posición de dominio en el mercado de la publicidad despreciando la normativa concebida para proteger el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos europeos y, generando un perjuicio evidente para los medios de información españoles hasta el punto de poner en riesgo su sostenibilidad”.
Desde la Asociación de Medios de Información se hace un llamamiento a los anunciantes del sector público y privado “para que confíen sus campañas de publicidad a medios seguros, fiables, y responsables, respetuosos con los derechos de los ciudadanos y que apuesten por fomentar la calidad democrática de España, todo ello en coherencia con sus políticas de responsabilidad social”.
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