MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La defensa del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, investigado en el ‘caso Mediador’, ha vuelto a solicitar a la jueza instructora que deje en libertad a su defendido, el único que permanece en prisión preventiva, alegando que no puede alterar pruebas en el procedimiento dado que es un “cadáver social” con nula capacidad de incidencia sobre nadie.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Espinosa indica que su prisión preventiva para evitar la destrucción o alteración de pruebas “se está alargando en el tiempo más de lo deseado y de lo procesalmente procedente”. Y recuerda que la instrucción se prolonga ya durante más de un año y, salvo el último mes y medio, bajo secreto de sumario.
Motiva la petición de libertad además en que los indicios que constan en autos contra su defendido “no suponen una eventual comisión de delitos especialmente graves ni en cuanto a su trascendencia, ni en cuanto a su cuantía”, y añade que el comportamiento procesal de Espinosa “ha sido plenamente colaborador tanto con el Servicio de Asuntos Internos SAI –“facilitó la ubicación del efectivo en su domicilio, facilitó las claves de acceso a sus dispositivos personales de almacenamiento, sus ordenadores personales y sus teléfonos móviles”– como con la instrucción de la presente causa –“contestó sin reticencias y sin ambigüedad alguna a todas las cuestiones que le fueron trasladadas tanto por el fiscal como por la instructora”–.
¿EL ÚNICO QUE PUEDE DESTRUIR PRUEBAS?
La defensa de Espinosa se pregunta además si su defendido es el único susceptible de ser sospechoso de una posible alteración de pruebas, y no entiende por qué “debe sufrir las consecuencias del retraso en la práctica de diligencias, retraso motivado por circunstancias absolutamente ajenas”, en referencia a la suspensión de las declaraciones testificales de la que fuera su amante y la de otro empresario canario.
“¿Es justo que el señor Espinosa continúe en prisión, mientras otros sujetos involucrados aprovechan y se sirven de este procedimiento para conseguir ‘notoriedad’?”, añade, para acto seguido preguntarse si el general verdaderamente tiene capacidad para destruir pruebas habida cuenta de que lleva mas de dos años jubilado y que tras ser objeto de exposición y “escarnio público” en medios no tiene capacidad de influencia en nadie.
“Honestamente, resulta más que evidente que Espinosa es un cadáver social con una nula capacidad de relacionarse con nadie, y mucho menos, con posibilidad de incidir en forma alguna en ningún tipo de prueba que pueda practicarse en este procedimiento”, concluye.
PSOE SE OPONE A ACUSAR CON PP Y VOX
Al margen, el PSOE ha presentado un recurso ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife contra la decisión de la juez de acordar una “acción popular unificada” en el procedimiento en el que las seis acusaciones populares –PP, PSOE, Vox, Fuerza Canaria Unida Democrática, la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas (Aguaiuris) y la propia AUGC– estén todas bajo la dirección de un solo letrado.
La formación ha mostrado su oposición a ejercer la acusación popular con el PP y Vox y ha incidido en que la exigencia de que las acusaciones se presenten “bajo una única dirección letrada” se contempla como una “cuando fuera posible”.
“En este caso concreto, tratándose de organizaciones manifiestamente heterogéneas, que representan valores tan distintos –y en ocasiones contradictorios entre sí– difícilmente podrán coincidir en una unitaria estrategia procesal acusatoria, por no hablar de que atenta directamente a la base de la relación de los abogados con sus clientes, que es la indispensable confianza”, ha subrayado el PSOE.
Para el partido, la decisión de la juez de juntar todas las asociaciones en una sola acusación “implica una limitación de tal calibre que impone un obstáculo insalvable que, en la práctica, impide el ejercicio de la acción popular de las distintas organizaciones”.
Por eso, ha solicitado a la titular del juzgado que corrija el auto que dictó el pasado 21 de marzo y que le permita acusar en solitario –sin el resto de acusaciones populares–. También ha pedido que les deje ejercer la acusación sin presentar querella ni fianza porque, según ha insistido, en este momento procesal ya no es necesario.
Cabe recordar que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) solicitó ya la semana pasada que se le permitiera acusar al margen de los partidos y asociaciones. A su juicio, es “notorio” que cuatro de las entidades que pretenden ejercer la acusación popular son partidos políticos y recordó que la propia ley orgánica que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil establece que los agentes “no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales”.
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