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Álvarez de UGT propone aumentar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.200 euros y reducir la jornada laboral máxima a 35 horas semanales

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MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, pidió este miércoles que cuando se conforme un nuevo Gobierno se reduzca la jornada laboral máxima de 40 a 35 horas semanales, al tiempo que defendió que para que el salario mínimo interprofesional (SMI) se sitúe realmente en el 60% de la remuneración media en España, debe pasar de los 1.080 euros actuales hasta el entorno de los 1.200 euros.

Así lo manifestó Álvarez durante un desayuno informativo en la sede de UGT, donde apuntó a la subida del SMI como la “mejor herramienta” para reducir la brecha salarial de género, ya que “desgraciadamente las mujeres ganan menos que los hombres y están en las categorías profesionales donde los salarios son más bajos”.

Además, reclamó clarificar cuál es el modo con el que se establece el salario medio en España, a fin de poder actualizar cada año el SMI para que se sitúe al menos en el 60% del salario medio a nivel nacional. “El 60% del salario medio con el que estamos trabajando fue determinado con un grupo de expertos que ellos mismos ni han sido capaces de cuantificarlo exactamente”, comentó Álvarez, quien recordó que el informe incluía una horquilla de varias decenas de euros para elevar el SMI.

A su juicio, la cifra que se debe emplear de referencia debe ser la de las declaraciones de la renta de la Agencia Tributaria y, con ella, estimó que el SMI debería situarse en la actualidad alrededor de los 1.200 euros por 14 pagas, frente a los 1.080 en los que se encuentra en estos momentos.

Preguntado por su valoración sobre la petición de algunas organizaciones patronales de que el SMI sea diferente en función de la comunidad autónoma, el máximo responsable de UGT se mostró en contra e ironizó con la “coincidencia” entre parte del empresariado con organizaciones independentistas. En su opinión, esta postura lo que busca es “perpetuar” el salario más bajo en aquellas regiones en las que se da esta realidad.

JORNADA LABORAL

Por otra parte, Álvarez reclamó que en la nueva legislatura se modifique el Estatuto de los Trabajadores para que “donde pone que la jornada laboral máxima semanal es de 40 horas sea de 35”, lo que serviría, a su criterio, para que por medio de la negociación colectiva se pueda “ir avanzando” hacia las 32 horas.

Argumentó esta meta con el hecho de que en la negociación colectiva se suelen firmar convenios que están por debajo de las 40 horas máximas actuales, lo que podría seguir sucediendo si se establece el techo de las 35.

Para Álvarez, esta medida “no afectaría al empleo” y se seguirían creando puestos de trabajo “en los mismos márgenes” o, incluso, en algunos sectores podría influir “de manera positiva”. Asimismo, sostuvo que “no hay duda” de que reduciendo la jornada laboral se va a mejorar la productividad.

PRECIO DEL DESPIDO

En otro orden de cosas, el secretario general de UGT se refirió a la demanda que el sindicato interpuso ante la justicia europea contra el Estado español por el bajo coste del despido. Según prevé Álvarez, antes de final de año se instará a España a regular un despido “disuasorio y restaurativo” que tenga en cuenta en la indemnización aspectos como la situación del empleado, su formación, experiencia o las razones que esgrime la empresa para acometer las finalizaciones de contratos.

Sobre la advertencia de las patronales de que ello podría perjudicar a la contratación de determinados colectivos, respondió que da una “respuesta de manual” y defendió que ya es algo que ha sucedido en Italia y que está pasando en Francia “y no ha habido ninguna catástrofe”.

Otras cuestiones que deben tenerse en cuenta en la nueva legislatura, a juicio de Álvarez, son la defensa del pacto en pensiones, la reforma laboral, con la reducción de la temporalidad que ha producido, mejorar los servicios públicos de empleo para luchar contra el paro de larga duración y reforzar las políticas de descarbonización.

En esta línea, reclamó la aprobación de “una ley integral” que fije las condiciones en las que no se pueden realizar ciertos trabajos y que, además, proteja a los ciudadanos. Puso el ejemplo de que “en Madrid, mientras el alcalde pedía quedarse en casa (por la última DANA), si alguien tenía un coche alquilado” debía recogerlo.

Por último, apostó por que se siga aplicando el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) rubricado entre los sindicatos y la CEOE en mayo y que para este año incluye una subida salarial mínima del 4%.

Ante la posibilidad de que la inflación este año se sitúe por debajo, Álvarez advirtió de que los sindicatos han “asumido” que en ejercicios como 2022 había convenios con subidas retributivas por debajo del la escalada de los precios, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.


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