MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señaló este lunes que el real decreto ley de ahorro energético “debería ser mucho más claro” y lamentó que el Gobierno de España no haya llevado a cabo “una mayor reflexión y mayores consultas con las demás administraciones”.
Así lo indicó en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, donde incidió en que “técnicamente habrá que solucionar todos los interrogantes que se han puesto encima de la mesa”, pero “haría también una salvaguarda”, porque auguró que la situación económica que vamos a atravesar “es complicadísima”, por lo que hay que “salvaguardar en todo momento los intereses económicos”.
En este sentido, Almeida añadió que “tiene que ser compatible poder ahorrar energía con poder mantener económicamente la actividad” y, sobre todo, en determinados sectores como el comercio o la restauración, para los cuales “las condiciones de iluminación, de refrigeración y calefacción son fundamentales”.
Por tanto, “el Gobierno de España tiene que tener muy claro que esto no puede ir en perjuicio de la actividad económica”. Al mismo tiempo, comentó que, “cuando se exige a los demás, deberían empezar la ejemplaridad por uno mismo”, por lo que remarcó que “no puede haber 22 ministerios”.
El alcalde de Madrid insistió en que, “dado lo sensible de la cuestión y lo difícil que va a estar la situación, lo razonable es que, dado que los ayuntamiento y comunidades autónomas somos partícipes de ese real decreto porque tenemos que aplicar las medidas, antes de dictarlo nos hubiésemos podido reunir y hubiéramos podido hacer todas las aportaciones”.
A este respecto, Almeida opinó que incluso la Conferencia de Presidentes debería tratar esta cuestión porque “el otoño y el invierno apuntan a que van a ser muy duros en muchos aspectos y uno va a ser en el tema del suministro energético y las exigencias que vienen de la Unión Europea”. En ese sentido, añadió, el Gobierno “tiene que hacer un esfuerzo para transmitir una imagen de confianza institucional y de lealtad entre instituciones”.
Así, confió en que se atienda la voz de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que sea tenida en cuenta. “Como ejecutores en gran medida de ese real decreto, tenemos mucho no solo que decir, sino que aportar”, aseveró.
Por ello, “sería sensato y razonable” que el Gobierno de España “no volviera a actuar de manera improvisada y sin contar con las administraciones” y deseó que, a partir de ahora, sea contando con nuestra opinión”.
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