MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Aprobar la nueva Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), impulsar un pacto educativo o reducir las ratios alumno-profesor en las aulas, son algunas de las peticiones que ha hecho la comunidad educativa a la ministra Pilar Alegría, que mantendrá en el nuevo Gobierno la cartera de Educación e incorporará además la competencia de Deportes y será portavoz del Ejecutivo.
Precisamente, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José Caballero, ha apostado, en declaraciones Europa Press, por seguir avanzando en el Pacto Educativo, seguir trabajando para conseguir “un verdadero pacto político y social por la educación”.
Para avanzar en la igualdad de equidad entre la red pública y la red concertada, Caballero incide en que se tiene que trabajar en la mesa sectorial de la concertada, actualizando el módulo de conciertos que “llevan alrededor de 40 años sin actualizarse”.
Asimismo, reclama que se garantice que los profesores de Religión “puedan seguir ejerciendo esa grandiosa labor que están haciendo dentro de la escuela para que las familias que lo deseen puedan elegir ese tipo de formación religiosa”.
En este sentido, el presidente de CONCAPA defiende que la asignatura de Religión “tiene que estar presente en la escuela” al garantizar una “serenidad, paz y sosiego” en el centro educativo. “Tenemos trabajo por delante y ellos también. Ya veremos a ver qué nos depara esto y el tiempo que dura”, ha dicho.
ESTUDIANTES PIDEN QUE SE MEJORE EL SISTEMA DE BECAS
La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha pedido a Alegría que en la nueva legislatura impulse una reforma del sistema de becas y ayudas al estudio; que apruebe la reforma de la Evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU); y que saque adelante un nuevo real decreto de regulación de la participación de los estudiantes en el sistema educativo no universitario.
En concreto, el presidente de CANAE, Antonio Amante, reivindica una reforma del sistema de becas y ayudas al estudio, “entendiéndolo como la llave que abre las puertas de la igualdad de oportunidades, como el pasaporte que permite viajar hacia un futuro mejor, sin importar el origen”.
Por ello, CANAE propone una reforma para pasar de un sistema de cuantías variables a un sistema de cuantías fijas, basadas en criterios económicos, “con el fin de que estudiantes y familias puedan conocer la cantidad que van a recibir y, por tanto, dar a las familias más seguridad financiera”.
Asimismo, reivindican una reforma integral de la EBAU e instan al nuevo Gobierno a aprobar “a la mayor brevedad posible” la reforma pactada con la comunidad educativa y que debido al adelanto electoral “quedó guardada en un cajón”. “Es una buena reforma, consensuada con los y las estudiantes y, por tanto, deseamos que se haga efectiva lo antes posible”, ha dice Amante.
La ONG que trabaja en defensa de los derechos de la infancia Educo también ha realizado algunas peticiones al nuevo Gobierno, entre las que destacan, en materia educativa, el comedor universal y gratuito para todo el alumnado vulnerable.
Esta organización echa en falta que el Ejecutivo no haga una “apuesta más clara” a favor de la Figura del Coordinador de Bienestar y Protección, “clave” a la hora de prevenir y detectar la violencia en las aulas, así como un compromiso para “para que la educación de 0 a 3 años sea gratuita, ya que solo lo será hasta los 2 años”.
PETICIONES DE LOS SINDICATOS
Por su parte, fuentes de CSIF explican a Europa Press que el sindicato reclama abrir cuanto antes la mesa de negociación para concretar las propuestas del nuevo Gobierno con la participación real de los sindicatos, y espera que el Ejecutivo “demuestre de inicio alguna voluntad de mejora tras la decepcionante pasada legislatura”.
Entre las propuestas de CSIF a Pilar Alegría destacan un pacto educativo que aleje a la Educación de “vaivenes” políticos y ofrezca “estabilidad” al sistema; la mejora de la inversión educativa, que alcance el 7 por ciento del PIB, en línea con la media europea; la mejora de las condiciones laborales del profesorado y reversión de los recortes; o el refuerzo de las plantillas y reducción de las ratios (la escuela pública reabre las aulas con un déficit de 50.000 docentes y una interinidad del 27,46%).
También reclama una apuesta por una educación pública de calidad con un plan de inversión en los colegios públicos y reparto equitativo del alumnado con necesidades; el reconocimiento social y profesional del profesorado y regulación de un Estatuto docente; un Plan efectivo de convivencia en las aulas que permita afrontar nuevos problemas como las redes sociales, el repunte de la violencia de género o la influencia de la pornografía; la modernización de los sistemas de acceso a la oposición docente; la reforma del concurso general de traslados para facilitar la movilidad del profesorado en el territorio español; una normativa educativa a partir de criterios profesionales y pedagógicos que mejore la calidad de la educación; y el acceso a la universidad con prueba única.
Desde el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos exigen al nuevo Gobierno que se retomen los procesos normativos que se paralizaron con el cese de la actividad parlamentaria. Así, el sindicato considera prioritario reanudar la tramitación de la Ley de Enseñanzas Artísticas y continuar el desarrollo normativo de la LOMLOE, incluida la constitución de la Mesa de estudio de los módulos de concierto, como establece su Disposición Adicional vigesimonovena.
UGT insiste en la necesidad de implementar medidas que continúen en la dirección de la recuperación de las condiciones sociolaborales del profesorado que permitan una dignificación del trabajo docente. En este contexto, señala que el profesorado “necesita contar con buenas condiciones de trabajo, entornos seguros, sanos y con recursos adecuados, confianza, autonomía profesional, libertad académica, una formación inicial de calidad y un desarrollo profesional continuo”.
En la misma línea, ANPE insta a alegría a la búsqueda de consenso para alcanzar, al menos, “un acuerdo de mínimos que dote de la necesaria estabilidad y perdurabilidad” al sistema educativo español; a reducir las ratios de alumno por aula; a desarrollar un Estatuto Docente y la carrera profesional; a aumentar las plazas públicas y gratuitas de 0 a 3 años; a avanzar en la aprobación de la Ley de Enseñanzas Artísticas; a abordar el problema de la salud mental en los centros educativos; y a coordinar con las distintas administraciones autonómicas una planificación para garantizar una óptica climatización y eficiencia energética de los colegios.
Por último, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras aboga por reducir las ratios de alumnado por grupo; regular, con carácter de normativa básica, el horario laboral del profesorado: 18 horas lectivas en Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, y 23 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria; o mejorar las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y los trabajadores educativos.
También reclama la firma de convenios colectivos para el personal laboral y de acuerdos de funcionarios de administración y servicios, siempre que haya mejoras y se recuperen los derechos arrebatados, y seguir avanzando en la recuperación del poder adquisitivo perdido, así como la aprobación del real decreto del nuevo modelo de la EBAU o la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores.
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