MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El juez Adolfo Carretero interrogará mañana viernes al comisionista Alberto Luceño por presuntamente defraudar 1,3 millones de euros a la Hacienda Pública y manipular documentos oficiales, entre ellos una carta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
Luceño comparecerá a las 10.30 horas ante el juez que instruye el caso de las mascarillas por la presunta comisión de un delito agravado contra la Hacienda Pública y por otro de falsedad en documento oficial.
Lo hará después de que el magistrado haya ampliado la investigación respecto al comisionista ante la aparición de nuevos indicios delictivos a raíz de un informe de la Policía Nacional y otro de la Agencia Tributaria.
En el auto, el instructor detallaba un informe de la Agencia Tributaria elaborado tras una inspección de Hacienda que indicaba que el investigado había dejado de ingresar 1,3 millones de euros a las arcas públicas en relación al IRPF del año 2020.
En relación a la falsedad en documento oficial, el juez esgrime que la imputación se basa en un informe de la Policía Nacional que apuntaba a la manipulación de varios documentos oficiales hallados en los registros practicados el pasado mes de septiembre en su vivienda y en la sede de su empresa.
Entre estos documentos manipulados, figura una carta firmada por el alcalde de Madrid; un certificado emitido por el personal del Hospital Puerta de Hierro; y un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de la carta firmada por el alcalde, el documento señala que “existe una elevada cantidad de archivos con diferentes versiones modificadas en torno a la misma, llegando a incluir en algunos casos emblemas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social”.
En esta carta, el Ayuntamiento de Madrid recomendaba al empresario para así facilitar que cerrara los contratos en China ante los obstáculos que ponían las autoridades de este país.
El magistrado investiga a Luceño y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del Covid-19, una operación en la que el Consistorio desembolsó cerca de 11 millones de euros.
REGISTRO EN LA VIVIENDA
El pasado septiembre, la Policía Nacional localizó en la vivienda de Luceño una placa en la que ponía “agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)” y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.
El juez Carretero abrió entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendió al Ayuntamiento.
Anticorrupción pidió a Carretero que la Policía registrase el domicilio del comisionista Alberto Luceño al sospechar que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.
- Te recomendamos -
