El Gobierno británico esgrime que actuó según lo previsto para velar por la seguridad de sus fronteras
HERENCIA (CIUDAD REAL), 8 (EUROPA PRESS)
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que su departamento ha pedido “explicaciones” al Gobierno británico por la expulsión de una ciudadana española pese a que contaba con la documentación para entrar en el país, en el que residía junto a su marido, y ha confiado en que se trate de un “hecho puntual”.
El diario británico ‘The Guardian’ desveló este domingo que una española de 34 años fue expulsada de forma inmediata a su regreso el pasado 26 de diciembre de unas vacaciones en España pese a que contaba con documentación del Ministerio del Interior británico que le autorizaba a residir en el país, donde vive con su marido y la familia de este.
Según contó al diario ella misma, le dijeron que “perdía el tiempo” en insistir en mostrar la documentación y, tras pasar la noche en una sala de detención en el aeropuerto de Luton, la montaron en un avión de vuelta a España.
El ministro ha explicado, tras una visita a Herencia (Ciudad Real), que nada más tener conocimiento de los hechos dio “instrucciones a la Dirección General de Consulares para que entre en contacto con las autoridades británicas”.
“Estoy en estos momentos solicitando explicaciones de qué es lo que ha podido ocurrir”, ha añadido, trasladando a la afectada y a todos los españoles residentes en Reino Unido que “pueden contar” con el Ministerio de Exteriores y con él “para su defensa y para la aplicación estricta de los acuerdos entre Reino Unido y la Unión Europea”, tras el Brexit.
“Quiero pensar que se trata de un hecho puntual y digamos de un error”, ha añadido, recalcando que en cualquier caso en Exteriores están “encima” de lo ocurrido.
LONDRES DEFIENDE SU ACTUACIÓN
Por su parte, un portavoz del Ministerio del Interior británico ha indicado a Europa Press que “la prioridad número uno del Cuerpo de Fronteras”, que fue el que detuvo y expulsó a la española, es mantener la seguridad de las fronteras británicas.
“Nunca haremos concesiones en este sentido”, ha recalcado, explicando que sus agentes “pueden detener a cualquier pasajero que llegue para realizar un examen más detallado si no están convencidos en primera instancia de que cumple los requisitos de entrada” en Reino Unido tras el Brexit.
“Esta decisión se toma basándose en la información que proporciona el pasajero, no en su nacionalidad”, ha puntualizado el portavoz, para dejar claro que no hay ninguna otra circunstancia para justificar la medida adoptada más allá de lo aportado por la ciudadana española.
Según ha contado esta a ‘The Guardian’, presentó en 2023, de forma tardía, su inclusión en el Plan de Asentamiento puesto en marcha por el Gobierno británico para facilitar la residencia en el país de quienes ya estaban viviendo en él antes del 31 de diciembre de 2020. Según datos oficiales, en junio de 2023 había más de 276.000 españoles con estatus de asentado o preasentado.
Su solicitud fue rechazada el pasado junio porque no aportó pruebas suficientes para justificar el permiso pero pidió la revisión administrativa de la decisión y contaba con un certificado de solicitud del Ministerio del Interior en el que, según ella, se aclara que puede trabajar en Reino Unido mientras que haya una decisión definitiva sobre su caso.
Las autoridades británicas recuerdan que disponer de un certificado de solicitud, en el caso de quienes como la ciudadana española lo presentaron fuera del plazo inicial previsto, no supone disponer de un visado de entrada en Reino Unido y por tanto dicha persona podrá ser requerida para que demuestre que efectivamente reside en el país.
Asimismo, inciden en que aunque una persona pueda ver denegada su entrada por este motivo y ser expulsada, como ha ocurrido en este caso, esto no es lo mismo que estar sujeto a una orden de expulsión, la cual impediría volver a entrar en el país.
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