Insta a la ONU y a la Comisión Africana de DDHH a renovar mandatos en Tigray para “preservar” pruebas y garantizar la rendición de cuentas
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Amnistía Internacional (AI) ha advertido de posibles crímenes de guerra por parte de las Fuerzas de Defensa de Eritrea (FDE) contra la población civil de Tigray, en el norte de Etiopía, a pesar de la firma del Acuerdo de Cese de Hostilidades en noviembre de 2022.
De acuerdo con el último informe de la ONG, los militares eritreos “han ejecutado extrajudicialmente a civiles y esclavizado sexualmente a mujeres durante meses”, con lo que insta al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a tomar cartas en el asunto.
Para Amnistía Internacional es necesario que el organismo de la ONU renueve el mandato de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía para “preservar las pruebas de los crímenes de Derecho Internacional y respaldar futuros esfuerzos de rendición de cuentas”.
En el mencionado informe, titulado ‘Hoy o mañana, deberían ser llevados ante la justicia – Violaciones, esclavitud sexual, ejecuciones extrajudiciales y saqueos por parte de las fuerzas eritreas en Tigray’, Amnistía documenta la responsabilidad de soldados eritreos en relación con violaciones, esclavitud sexual, ejecuciones extrajudiciales y pillaje.
La ONG ha recogido el testimonio de testigos, supervivientes y familiares residentes en la región de Tigray, quienes dan fe de estos presuntos crímenes de guerra en una zona devastada por los enfrentamientos entre las fuerzas regionales y el Ejército de Etiopía.
Estos testimonios atestiguan la ejecución extrajudicial de al menos una veintena de civiles, en su mayoría varones, por parte de las Fuerzas de Defensa de Eritrea en el distrito de Mariam Shewito entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2022. Además, un trabajador social ha documentado otro centenar de ejecuciones que, sin embargo, no han podido ser corroboradas por AI.
“Pese a haberse firmado el Acuerdo de Cese de Hostilidades, las atrocidades contra la población civil de Tigray continuaron y los soldados eritreos sometieron a las mujeres a abusos terribles, tales como violaciones individuales, violaciones en grupo y esclavitud sexual”, ha remarcado por su parte el director regional de AI para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah.
Algunas de las víctimas con las que ha contactado AI han señalado que lograron identificar a los militares eritreos “por su camuflaje, el dialecto tigriña que hablan y el tipo de preguntas que formulaban”.
VIOLACIÓN A MUJERES
AI ha tenido acceso a más de una decena de supervivientes de violación y esclavitud sexual en el distrito de Kokob Tsibah –a escasos quince kilómetros de la frontera con Eritrea–, donde otras más de 40 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violaciones en el periodo posterior a la firma del acuerdo para el cese de las hostilidades.
Fanta, una de las mujeres supervivientes –y a la que AI, como al resto de entrevistados, ha modificado su nombre para proteger su identidad– ha relatado cómo cinco soldados eritreos la violaron en grupo durante tres días consecutivos a comienzos de noviembre del año pasado y más tarde la trasladaron a un campamento militar de las FDE.
“Me estuvieron violando por turnos los tres meses completos. No me dejaron en ningún momento. Se marchaba uno y venía el siguiente (…) Estuvimos encerradas desde el día en que nos llevaron allí (al campamento). No podíamos salir ni recibir asistencia médica. No podíamos visitar a nuestra familia”, ha relatado.
Informadores locales han relatado a Amnistía Internacional que las Fuerzas de Defensa de Eritrea detuvieron a las mujeres del campamento bajo la sospecha de que sus cónyuges, hijos o familiares pudieran ser miembros de las fuerzas de Tigray.
A pesar de haber sufrido numerosas lesiones, las supervivientes de esta violencia sexual denuncian no haber recibido la atención sanitaria adecuada para los casos de violación, que debe brindarse en un plazo de 72 horas para prevenir infecciones de transmisión sexual o embarazos. Tan solo recibieron esta atención una vez las fuerzas eritreas abandonaron la zona en enero de 2023.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
Por otro lado, Amnistía Internacional ha denunciado que militares eritreos destacados en los distritos de Mariam Shewito y Kokob Tsibah cometieron “homicidios intencionales de civiles”, mientras registraban casas y viviendas presuntamente en busca de miembros de las fuerzas de Tigray y sus partidarios, perpetrando así posibles crímenes de guerra por asesinato.
El sacerdote Meheretab ha explicado que en noviembre de 2022, mientras se refugiaba junto a su mujer, sus hijos y otros residentes de Kokob Tshibah, militares del Ejército de Eritrea accedieron al lugar de su refugio y golpearon a los allí presentes, llegando incluso a matar a tiros a otro sacerdote de 70 años.
Yemane, otro testigo de lo ocurrido, ha relatado a AI que uno de los soldados eritreos “disparó al hombre mayor en el pecho a quemarropa” y después espetó al resto de los presentes: “Si alguien intenta recoger el cadáver o enterrarlo, os mataremos a todos”.
La mayoría de los supervivientes, testigos y familiares de víctimas entrevistados por la ONG ha denunciado que las tropas eritreas también saquearon sus propiedades y su ganado.
Desde el estallido del conflicto en Tigray en noviembre de 2020, Amnistía Internacional ha documentado crímenes contra el Derecho Internacional y otros abusos contra los Derechos Humanos perpetrados “por todas las partes en el conflicto”, y por las que ahora exige investigaciones efectivas.
“Eritrea y Etiopía tienen la obligación de investigar de forma efectiva los crímenes de Derecho Internacional, incluidos los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad y, cuando haya pruebas suficientes para ello, iniciar un proceso judicial en consonancia con las normas internacionales sobre el Derecho a un juicio justo y sin recurrir a la pena de muerte”, ha aseverado la ONG.
Además de su llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional ha instado también a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a que revoque su decisión de finalizar el mandato de la Comisión de Investigación sobre la Situación en la Región de Tigray, creada en mayo de 2021 y finalizada el pasado mes de junio sin siquiera la redacción de un informe final.
AI ha argumentado que ambas solicitudes se dan “ante la persistencia de graves violaciones y abusos contra los Derechos Humanos y las nefastas perspectivas de rendición de cuentas en el ámbito nacional”. Asimismo, insta a la Comisión Africana a garantizar que la investigación de la situación en Tigray “concluye con un informe”.
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