MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La Asociación de Afectados por Talidomida en España (Avite) denunció este viernes un “engaño del Gobierno” al solicitarles “un certificado que la Administración no nos puede emitir” como requisito para solicitar las ayudas a 130 afectados aprobadas el pasado 4 de julio, con un plazo de tres meses para presentar la petición.
Los afectados explicaron que para solicitar la ayuda “el Imserso pide un certificado imprescindible del Registro Estatal de Enfermedades Raras, pero dicho certificado es imposible aportarlo” porque ese Registro como tal “no existe”, por lo que “ningún afectado lo va a poder presentar”.
El Gobierno aprobó el pasado 4 de julio un real Decreto con ayudas para 130 afectados por talidomida en España, un principio activo que se recetó entre 1950 y 1985 a embarazadas para calmar los vómitos y mareos, causando a miles de bebés graves malformaciones en brazos y piernas, además de otras muchas secuelas.
El problema reside en que, según los afectados, deben aportar un certificado de estar inscritos en un Registro que, tal y como figura literalmente en el Real Decreto, no existe. Por ello, califican esta situación como un “último engaño del Gobierno a las víctimas de talidomida”.
Según Luis Ruiz, uno de los afectados y beneficiario de las ayudas, se trata de un error de la Administración que puede hacer peligrar el plazo de tres meses que tienen los beneficiarios para solicitar las ayudas.
“Cuando contamos lo que nos pasa, nadie se lo puede creer. Después de tantos años esperando y de las discapacidades que tenemos, ahora el Real Decreto nos pide estar en un registro que no existe. Sí que existe el Registro de Enfermedades Raras, a secas, pero no el Registro Estatal de Enfermedades Raras”, lamentó, en declaraciones a Servimedia.
Desde Avite se critica que “el plazo de solicitudes ya está abierto y los tiempos corren en nuestra contra”. Los afectados añadieron que el mes de julio se acaba, y en agosto “todo el mundo desaparece”.
“Sin ese certificado que nos pide la Administración, y que la propia Administración no nos puede aportar, al solicitar la ayuda, el Imserso no va a conceder ninguna ayuda a nadie, porque para ellos es un documento imprescindible”, lamentaron.
Si la situación no se arregla, Avite criticó que “los 130 beneficiarios de la ayuda de la talidomida del Imserso, se van a quedar sin ella, por la propia incompetencia del Gobierno”. El importe de las ayudas varía en función del grado de discapacidad contraído como consecuencia de la exposición al medicamento.
Por ejemplo, para una persona con un 33% de discapacidad, la ayuda ascenderá a 396.000 euros en un pago único, a razón de 12.000 euros por cada punto, como se estableció en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
EXENCIONES FISCALES, IMPRESCINDIBLES
Otro problema añadido son las exenciones fiscales, que hasta el momento no están contempladas en el Real Decreto. La Asociación critica también que el Gobierno haya desoído sus alegaciones en este sentido, tras conocer el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.
Por ello, pide que se realicen los cambios necesarios para no tener que tributar, como se hizo con los afectados por VIH o las víctimas del terrorismo. Luis Ruiz volvió a denunciar que “no eximir fiscalmente la ayuda supondría que en gran medida ésta perdiera su razón de ser, y constituyera una discriminación manifiesta en relación con los afectados por otros daños en España, y por el mismo daño en el resto del mundo”.
Recordó la discriminación que ya les afecta frente a otros colectivos que han recibido ayudas públicas. “Las víctimas de atentados terroristas están exentas de tributar, pero yo nazco sin un brazo por culpa de la talidomida y de los 12.000 euros por grado porcentual que me conceden, además debo tributar un 50%”. Recalcó, además, que serían los únicos afectados por talidomida de Europa con la obligación de pagar impuestos por las ayudas.
Recordó que las pruebas documentales aportadas por la Asociación “demuestran que, cuando en noviembre de 1961 la droga se retiró de todo el mundo al saberse con certeza los daños que causaba, en España la farmacéutica Grünenthal, a sabiendas, y sin que ninguna institución pública lo impidiese, la siguió vendiendo, de manera que causó estragos nada menos que hasta 1985, 24 años después”.
Los afectados resaltaron que “el simple hecho de que un país permitiese que siguiera circulando 24 años más, hasta 1985, habla de la negligencia que ha existido en la administración sanitaria”. Por todo ello, La Asociación de afectados por talidomida en España aseguró que va a seguir luchando “hasta el final” para lograr la extensión de condición de beneficiarios “a todos los realmente afectados, y no a sólo unos pocos”.
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