La asociación sostiene que tras el anuncio en diciembre pasado de la ampliación del Moves III en enero se han vendido un 60% más de BEV
MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha advertido este lunes de una “debacle industrial y económica” en España ante la falta de ayudas para impulsar la demanda de vehículos eléctricos de batería (BEV), según manifiesta la organización en un comunicado publicado este lunes.
La asociación señala que existe una preocupación por el ecosistema empresarial, industrial, tecnológico y de servicios en España tras el rechazo parlamentario a la ampliación de las ayudas para el vehículo eléctrico, a raíz de la no aprobación del ‘decreto ómnibus’ el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados.
Así que la asociación reclama a la clase política “racionalidad, altura de miras y acuerdos rápidos” para reactivar un plan de incentivos eficiente, a semejanza del Plan Moves III.
LAS MATRICULACIONES DE ELÉCTRICOS CRECEN UN 60% EN ENERO
Aedive sostiene que tras el anuncio por parte del Gobierno en diciembre pasado de la ampliación de ayudas del Plan Moves III hasta junio de 2025, las matriculaciones han experimentado en enero un crecimiento del 60% en vehículos eléctricos; del 36% en híbridos enchufables (PHEV) y del 100% en el canal de particulares, hasta que el pasado día 22 decayeron las ayudas, provocando “un parón casi total del mercado”.
En su comunicado, la asociación afirma que esta situación supone “una verdadera catástrofe en términos económico, industrial, empresarial, tecnológico, energético y medioambiental” y “compromete el futuro de la automoción en España, en un momento muy delicado a nivel geopolítico, en el que resulta imprescindible promover, desde la política, certidumbre y predictibilidad a las inversiones y al propio mercado”.
Además, Aedive destaca que el bloqueo legislativo hace imposible el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que establece 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, y pone en riesgo una inversión privada cercana a 60.000 millones de euros que se necesita para llegar a esos objetivos.
Algo que también afecta el impacto en toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica y en la generación de empleo en 22 ramas de actividad diferentes, según el ‘Estudio de Impacto Socioeconómico de la Movilidad Eléctrica en España’ de Aedive.
UN PROYECTO ESTRATÉGICO PARA ESPAÑA
Por último, la asociación reclama que el vehículo eléctrico supone para España un proyecto estratégico que no solo representa una oportunidad para mejorar la sostenibilidad y la salud pública, sino que también es motor de crecimiento económico, innovación tecnológica, eficiencia energética e independencia geopolítica, reduciendo la importación de combustibles fósiles de terceros países y generando su propia energía.
Según Aedive, España es un país atractivo para la inversión ligada a la cadena de valor del vehículo eléctrico por sus ventajas logísticas y por ser un referente en la fabricación de toda clase de vehículos eléctricos y componentes de automoción.
También destaca que España exporta el 90% de su producción de automóviles a terceros países que prevén poner fin a la comercialización de modelos de combustión entre 2035 y 2040, lo que hace imprescindible reforzar a su cadena industrial y tecnológica para competir en condiciones con otros mercados.
Al mismo tiempo, recuerda que la industria de automoción precisa incrementar la venta de vehículos eléctricos para evitar las multimillonarias multas derivadas de la exigencia europea ‘CAFE’ de que la media de emisiones de sus coches no supere los 93,6 gramos de CO2 por kilómetro.
Así, al margen de la reactivación de un plan de incentivos eficiente, Aedive propone una serie de actuaciones para potenciar el mercado de coches eléctricos en España, como medidas fiscales de apoyo en el IRPF que deduzcan el 21% del valor de adquisición de vehículos eléctricos o el 35% del valor de la instalación del punto de recarga.
También, propone en el Impuesto de Sociedades un deducción del 35% en la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público; libertad de amortización en el cálculo del Impuesto de Sociedades para todas las inversiones en movilidad cero emisiones; supresión de los impuestos en la retribución en especie por el uso de coches cero emisiones propiedad de la empresa; bono por achatarramiento de 2.000 euros para uso en servicios de movilidad compartida eléctrica y seguir mejorando el sistema de certificados de ahorro energético (CAEs) en el ámbito de la movilidad eléctrica.
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