Advierten de su posible inconstitucionalidad y dudan de dejar la acusación en manos de la Fiscalía
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Las acusaciones populares de los casos ‘Begoña Gómez’, ‘Koldo’ y contra el fiscal general del Estado creen que la proposición de ley registrada por el PSOE para limitar su figura “mata” a la acción popular y busca “blindar” al Gobierno, toda vez que podría suponer que algunas de ellas quedaran fuera de los procedimientos.
Los socialistas, en concreto, consideran que se ha realizado un “uso abusivo de la figura de la acusación popular para atacar sistemáticamente a adversarios políticos a través de procesos penales”. La reforma recoge que las modificaciones planteadas -excluir de la acción popular a asociaciones de jueces y fiscales o partidos políticos_se aplicarían a las causas abiertas “en el momento de la entrada en vigor” de la ley orgánica.
Para la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) -acusación en ‘Koldo’ y que ha representado al PSOE en otros casos– la propuesta es “una ocurrencia, una barbaridad y hace imposible el ejercicio de la acusación popular”. En declaraciones a Europa Press, el letrado Francisco Montiel advierte de que la propuesta del artículo 277 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “vulnera el artículo 125 de la Constitución”.
El mismo recoge que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”.
“HACIA UNA DICTADURA SILENCIOSA”
Por su parte Hazte Oír -que ejerce la acusación popular en el caso ‘Begoña Gómez’ y en ‘Koldo’_ha calificado la propuesta de “ley de ‘Punto Final’ que pretende instaurar el pensamiento único en el ámbito judicial”, lo que a su juicio supone “un primer paso hacia una dictadura silenciosa”.
A través de una nota de prensa, la asociación ha advertido de que tomarán “todas las medidas necesarias para defender los derechos y libertades de los ciudadanos, frente a este ataque frontal del PSOE que no solo busca blindar al Gobierno, sino también erosionar” la Democracia y el Estado de Derecho.
“La acusación popular es un derecho fundamental de todos los españoles, una herramienta clave para proteger los intereses generales y defender el bienestar de España frente a los abusos de poder. Sin embargo, la propuesta del PSOE para limitar este derecho tiene un origen evidente: el cerco judicial que afecta a diversos cargos socialistas y a sus familiares”, ha denunciado Hazte Oír.
“MAYOR IMPUNIDAD”
Por otro lado, Luis Pardo, el abogado y presidente de Iustitia Europa -partido político personado en el caso ‘Begoña Gómez’ y ‘Koldo’–, ha recordado que en Europa “existe el Ministerio Fiscal que goza de neutralidad, imparcialidad e independencia respecto del Gobierno de turno”.
Sin embargo, asevera en un vídeo publicado en su cuenta en la red social ‘X’, en España esto no es así en tanto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó que la Fiscalía dependía del Ejecutivo. “En España el fiscal (general del Estado) se encuentra imputado”, ha anudado.
“¿Por qué entonces quieren eliminar las acusaciones populares? Porque eliminando a los ciudadanos de posibilitar acudir a la Justicia para denunciar al político de turno lo que hará será tener mayor impunidad. Tienen impunidad por dos vías: el aforamiento y anular a las acusaciones populares para que no podamos estar presentes en los procedimientos a fin de que los responsables que se hayan corrompido paguen hasta la Justicia”, ha apostillado.
VULNERACIONES FLAGRANTES
El abogado de la asociación Liberum, Alexis Aneas, ha afirmado que el texto es confuso y ha añadido que “si lo que se pretende con esta modificación legislativa es que las asociaciones de cualquier clase privada no puedan ser acusaciones populares y que esta responsabilidad recaiga única y exclusivamente ante las personas físicas, sería una vulneración fragrante del artículo 22 de nuestro texto constitucional”.
“Si esto es lo que se pretende, eliminar a las asociaciones en el ámbito de las acusaciones populares, se les estaría impidiendo y cercenando este desarrollo fundamental. Y todo lo contrario, sería la Administración o sería el Poder el que intentaría amordazar la libertad de las asociaciones”, ha criticado.
Aunque considera que del tenor literal del texto Liberum tendría “legitimación activa para seguir actuando” en el ‘caso Koldo’ y ‘Begoña Gómez’ al ser una asociación “cuyo objeto social es el derecho y defensa de los derechos fundamentales”, entienden que la propuesta “es un atentado al ordenamiento jurídico”.
“ES VERGONZOSO”
Por su parte, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, considera que la propuesta “supone de una manera flagrante la restricción de un derecho fundamental”, contenido en el artículo 125 de la Carta Magna. “Una ley orgánica, por muy orgánica que sea, no puede restringir un derecho fundamental”, ha incidido.
En este contexto, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que el texto no haga “ni la más mínima referencia al Ministerio Público”. “Un Ministerio Público sectario y dependiente del Ejecutivo, tal y como ha manifestado Pedro Sánchez, esto es vergonzoso”, ha lamentado.
Por otro lado, Bernad ha sostenido que no se tratan de recortes de prensa, sino “notitia criminis”. “Estamos acostumbrados a que cualquier juez de España muchas denuncias y querellas las están rechazando de plano porque no tienen la misma consistencia. Que no nos hagan ver que son solo recortes de prensa, si así fuera el juez valoraría y diría que no tiene consistencia”, ha añadido.
PP Y VOX, EN CONTRA
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado en una rueda de prensa que lo que busca el PSOE con esta iniciativa es conseguir la “impunidad” para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su partido y su entorno, además de paralizar los diferentes procesos que están abiertos.
Vox, por su parte, ha comparado a Pedro Sánchez con Hugo Chávez y Nicolás Maduro a raíz de la citada proposición de ley, advirtiendo de que los dirigentes venezolanos no convirtieron al país en una “dictadura” en “cuatro años”, sino “en ocho”.
LA APIF CRITICA LA PROPUESTA
Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa seguida en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, han destacado que la proposición parece haberse planteado ‘ad hoc’ contra ellos.
En declaraciones a esta agencia de noticias, el presidente de la asociación, Miguel Pallarés, sostiene que, “de aprobarse tal como se ha redactado, afectaría directamente a la APIF ya que al prohibir el ejercicio de la acusación particular a las asociaciones judiciales y fiscales y ello con carácter retroactivo” les “echaría del procedimiento penal que está en curso contra” el fiscal general.
Desde la propia asociación también se refieren a la propuesta de que la Justicia tenga que inadmitir querellas basadas en “meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad, o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados”.
El abogado que representa los intereses de APIF en la causa contra Álvaro García Ortiz, Juan Antonio Frago, ha asegurado que “para un órgano judicial cualquier indicio puede ser causa para abrir una causa penal de oficio”. “Sea por un recorte de prensa o porque un paisano se presenta en la puerta de un juzgado todo vale para que se pueda abrir una causa”, ha apuntado.
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