MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha sancionado a dos activistas de Futuro Vegetal con 90.001 euros cada una por una protesta llevada a cabo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante el verano de 2023.
La protesta tuvo lugar el 21 de julio del pasado año, dos días antes de las elecciones generales, y en ella intervino un periodista que también ha sido sancionado de igual manera, según informó este martes Futuro Vegetal, colectivo que lleva acciones de protesta contra la crisis climática.
La sanción se fundamenta en el artículo 48.3. 2ª de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, donde se recoge como infracción muy grave “el acceso no autorizado a la zona de operaciones y a las zonas restringidas de los aeropuertos”.
Las activistas sancionadas aseguraron que “no se arrepienten de la acción” y que “la volverían a hacer, ya que ni todas las sanciones económicas ni las penas de prisión van a parar la crisis climática”.
Desde Futuro Vegetal indicaron que ya trabajan en presentar un recurso porque el derecho a la protesta incluye que esta deba ser “efectiva” y, por tanto, “no debe verse coartado por regulaciones administrativas encaminadas a la protección de otros bienes jurídicos de menor entidad que derechos fundamentales como la libertad de expresión”.
“INACEPTABLE”
Además, subrayaron que la sanción llega cuando ya existe un procedimiento penal abierto por los mismos hechos, lo que vulneraría el principio general del derecho de ‘non bis in idem’, en función del cual no se puede castigar por dos vías los mismos sucesos.
“Es inaceptable en una sociedad democrática que se pretenda hipotecar la vida de jóvenes por luchar por un planeta habitable, mientras Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, legaliza la erradicación de espacios protegidos como Doñana”, según Bilbo Bassaterra, portavoz de Futuro Vegetal.
Bassaterra sostuvo que “el hecho de que esta sanción se produzca un año después de la protesta debería levantar suspicacias sobre cuál es el verdadero objetivo de la misma”.
Según Futuro Vegetal, el Gobierno de Pedro Sánchez “sigue con las mismas políticas climáticas que sus predecesores: regar con dinero público a las corporaciones cárnicas y energéticas mientras intentan callar las protestas usando la violencia institucional”.
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